Toda la lucha contra el robo de celulares se basa en una sola estrategia: evitar que sea buen negocio. O, lo que es lo mismo, impedir que los equipos puedan ser revendidos.
La táctica más común para conseguirlo son las llamadas bases de datos negativas. Básicamente, son listados de equipos que han sido reportados como robados. La idea es que si alguien intenta activarlos, no lo pueda hacer. Eso, en teoría, debería reducir su valor en el mercado negro, lo que disuadiría a los ladrones de meterse en ese negocio.
En la práctica, eso no es tan sencillo.
Su implementación
Colombia ha seguido al pie de la letra el libreto de las bases de datos. En 2009 los operadores comenzaron a armar la base de datos negativa, y hoy esta tiene 26,2 millones de códigos IMEI, de acuerdo con Asomóvil –el gremio de los operadores móviles en Colombia–. Cuando el usuario hace el reporte, el equipo debe quedar bloqueado en máximo 20 minutos. Según la Comisión Reguladora de Comunicaciones colombiana, los operadores están cumpliendo con su obligación al pie de la letra.
De hecho, los operadores colombianos alimentan dos ‘listas negras’. También reportan los IMEI de los equipos robados a la base de datos negativa de la GSMA –el gremio de los operadores que usan la tecnología GSM–. En ella participan 140 operadores de 44 países, según el sitio web de la organización.
Los operadores colombianos usan dos ‘listas negras’
Pero el problema siguió creciendo, y en 2012, el Gobierno decidió que también era necesaria la base de datos positiva. La idea original era que los equipos fueran listados tan pronto fueran importados al país, pero ninguna autoridad se quiso hacer cargo de esa tarea. Entonces, se decidió que debían ser los usuarios quienes registraran sus equipos.
La experiencia ha sido complicada. La mayoría de usuarios pospago financiaban sus celulares –antes del fin de las cláusulas de permanencia– con los operadores, y las empresas podían saber qué equipos eran comprados legalmente y qué usuarios los tenían en su poder. El problema es que en Colombia, según cifras del Ministerio TIC, solo el 20% de las líneas activas son pospago, lo que significa que el 80% de ellas no están atadas a un equipo.
(Como nota al pie: por ahí va uno de los argumentos de quienes se opusieron al fin de las cláusulas de permanencia. Al eliminar los subsidios, desaparece el incentivo para que los celulares sean comprados a los operadores, y eso no solo aumenta la demanda por equipos robados, sino también hace más difícil mantener el registro de los usuarios y los equipos).
Por eso, hoy los operadores tienen que pedirles a cerca de 600.000 usuarios cada mes que registren sus equipos. La mayoría lo hace, pero este proceso –como veremos más adelante en este especial– camufla un gran problema.
El laberinto internacional
Si la idea es evitar que en Colombia sea buen negocio robar celulares, no sirve de mucho que la base de datos local funcione bien. Cuando el mercado colombiano se llenó de equipos que no podían ser activados, los criminales comenzaron a exportarlos a países vecinos, como Venezuela, Ecuador o Perú. Allí pueden ser activados como si fueran nuevos, y vendidos, en promedio, a 400.000 pesos (cerca de 160 dólares) por unidad, según cifras de la Policía.
Las fronteras de Colombia son puntos de tráfico de productos ilegales desde hace décadas. Por allí se mueve el mercado de cocaína, por lo que camuflar uno que otro cargamento de celulares –o de cualquier otra cosa que deba pasar por debajo del radar– es cosa de rutina. Ya del otro lado, la demanda por equipos baratos hace el resto del trabajo.
El nuevo objetivo del gobierno colombiano es, entonces, cortarles ese chorro a los criminales. La mejor forma de hacerlo es lograr que en esos países las bases de datos funcionen tan bien como en Colombia, y además bloqueen los equipos que son hurtados aquí. El problema es que, para lograrlo, cada Estado debe surtir sus propios y engorrosos trámites legislativos.
La parte fácil es hacer que cada uno de esos países comparta su ‘lista negra’ con Colombia, de modo que los operadores de allá sepan qué celulares fueron robados aquí, y viceversa. Esto se ha logrado a través de convenios binacionales entre Colombia y esos países, y también por medio de la GSMA, pues la mayoría de operadores venezolanos, ecuatorianos y peruanos participan de la base de datos del organismo.
Pero, como admite Alejandro Delgado, director de la oficina internacional del Ministerio TIC, “el reto es hacer que la regulación interna de muchos países obligue a los operadores a hacer el bloqueo”. Esa es la parte difícil: aquí entran en juego las minucias burocráticas, legislativas y políticas de cada uno de los países, que son las que hacen que este proceso sea tan engorroso.
Hay avances, por supuesto. La Comunidad Andina de Naciones, de la que forman parte Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia, obliga desde 2013 a sus países miembros a unirse a la base de datos de la GSMA y a bloquear los equipos reportados en ella, pero esto todavía está en implementación.
Con Ecuador “el intercambio bilateral funciona” y se han bloqueado muchos equipos. Perú ya tiene sus propias bases de datos y, según el funcionario, está en medio del proceso para bloquear los equipos robados en Colombia. Con Venezuela hay un convenio desde 2013. Allí, según el funcionario, los operadores querían comenzar a bloquear, pero la norma no se los permitía.
Una red muy porosa
La base de datos global de la GSMA pretende ser una especie de red que impida que los celulares robados sigan su curso en el mercado negro global. Pero es una red muy porosa: muchos de estos equipos se escapan entre sus múltiples aberturas.
En Latinoamérica, según cifras del gremio, hay 41 operadores conectados a la red que intercambian información sobre equipos robados y ocho más que, aunque tienen acceso, no envían sus propios reportes. Según Sebastián Cabello, director de la GSMA en Latinoamérica, estos 49 operadores funcionan en 18 países y “representan cerca del 90% de los usuarios de la región”.
No todas las empresas reportan inmediatamente los equipos robados. De ellas, 32 lo hacen todos los días, seis lo hacen varias veces a la semana y 11 tienen una frecuencia baja. Llama la atención que ningún operador de Paraguay está conectado. “Allá ha sido complicado porque hay mucho tráfico”, dice Cabello.
La base de datos de la GSMA deja muchos países por fuera
Otro problema es que la base de datos de la GSMA deja muchos países por fuera (recuerden que solo 44 participan de ella), y los casos de robo internacional son muy frecuentes. Uno entre millones, que se conoció hace poco, ocurrió cuando un periodista de Buzzfeed se dio cuenta de su iCloud le mostraba fotos de un naranjo en China. El iPhone que le robaron en un bar de Nueva York terminó en las manos de un joven de Meizhou, una ciudad en el sur de ese país. Las fotos que tomaba el nuevo dueño del teléfono aun se estaban subiendo a la nube del antiguo propietario.
En China, como cuenta Zigor Aldama, reportero del diario español El País en Shanghái, los iPhone robados en Occidente son vendidos en la calle. Allí, “los vendedores los muestran subrepticiamente a viandantes que consideran posibles compradores”.
Todo este intercambio internacional ocurre porque las bases de datos negativas siguen estando llenas de grietas: mientras que los gobiernos requieren de engorrosas gestiones diplomáticas para actuar fuera de sus fronteras, a los criminales les basta esconder unos cuantos equipos en una maleta y tomar un avión.
Imagen: Montaje ENTER.CO.
La ley… Humm sólo le conviene a unos pocos, por eso tiene razón lo que dice el último párrafo.
La ley… Humm sólo le conviene a unos pocos, por eso tiene razón lo que dice el último párrafo.