Las redes sociales y en general las múltiples plataformas que existen en la gran Web se han convertido en los altoparlantes para la violencia y discursos de odio, incluso cuando estas aseguran que no fueron creadas con estos propósitos. Uno de los ejemplos más claros que tenemos son los atentados a dos mezquitas en Nueva Zelanda hace poco más de un mes y el papel que jugaron las redes sociales para la divulgación de las ideologías de los atacantes.
Ahora, miembros del congreso de Londres les han solicitado a varias de las empresas tecnológicas –Facebook, Google, Twitter y Microsoft– que revelen cuánto dinero invierten en estrategias para combatir el terrorismo a nivel global, según informó el portal The Daily Beast.
Además, sugieren que los CEO de dichas compañías deberían ser considerados responsables por contenido violento y sensible que se distribuya en sus plataformas, explica el portal The Guardian. Por esto, se estaría planeando presentar una nueva ley en Londres esta semana. La idea es que exista un ente regulador que les imponga multas a las empresas cada vez que haya filtraciones de contenidos como terrorismo, abuso infantil, suicidio y daños autoinfligidos.
Así mismo, de acuerdo con la gravedad del contenido, los ejecutivos de las empresas podrían considerarse responsables y, por ende, enfrentarse a cargos penales. En Londres, este tema ha tomado importancia porque una adolescente se suicidó hace unos meses y sus padres aseguran que en parte lo hizo por imágenes de daños autoinfligidos que vio mientras navegaba en Internet.
Una iniciativa similar, que impondría multas a las empresas y llevaría a la cárcel a ejecutivos de las plataformas que no retiren el material violento que se publica en ellas, ya fue aprobada en primera instancia por el parlamento australiano.
Esta ley le daría toda la responsabilidad a las plataformas y sus ejecutivos
La ley que se presentaría ante el congreso de Londres asegura que las redes sociales y plataformas son responsables de lo que se comparte en estas, por eso sugeriría cuatro puntos centrales:
- La existencia de un regulador controlado por el Gobierno para guiarlo en temas específicos como terrorismo y abuso infantil.
- Reportes de transparencia anuales por parte de las empresas tecnológicas, como las redes sociales, en los que especifiquen cuál es el contenido dañino que se comparte en sus sitios. Además, debería incluir qué están haciendo para controlarlo y evitar su propagación.
- Cooperación con policía y otras organismos en los casos ilegales de incitación a la violencia y venta de armas ilegales, entre otros.
Imagen: ViewApart (Vía iStock).
