La semana pasada, y sin muchos bombos y platillos, fue presentado frente al congreso de la República, el Proyecto de ley 600/21, por la actual Ministra TIC, Karen Abudinen. Sorprende que no se haya generado más conversación sobre el tema, pues se trata de la propuesta que es de interés nacional. En el papel la ley promueve la creación de un ‘comité de expertos’ que tendría la facultad de revisar y solicitar la eliminación o bloqueo de contenido que puedan “atentar contra la integridad moral, psíquica o física de los derechos de la infancia y adolescencia”. El problema, como fue mencionado durante la presentación del proyecto de ley del MinTIC, es que este comité sería seleccionado por el gobierno y representa la posibilidad de ‘censura previa’ a medios de comunicación o incluso redes sociales.
El problema principal de la ley 600/21 propuesta por el MinTIC está en la misma idea de un ‘comité de expertos. Primero, porque entrega una forma anacrónica de buscar contenido peligroso y, más importante, de realizar la ‘curación’ que promueve. En segundo lugar, porque otorga facultades excesivas (la capacidad de solicitar a un operador de internet, por ejemplo, que bloquee una URL) a este mismo grupo, pero más importante porque supone un riesgo a la libertad de prensa.
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Grupos de libertad de prensa, miembros de la oposición al gobierno e incluso voces dentro del mismo Centro Democrático han advertido que este tipo de grupos suelen estar supuesto a las mediciones morales de los gobiernos de turno.
Por ejemplo, una administración en contra de temas como el aborto, el matrimonio entre parejas de mismo sexo o la educación sexual podría considerar que ciertos contenidos o temas ‘atentan contra la integridad moral’ de los niños, niñas y adolescentes. Si algo, la historia nos ha demostrado que esto se puede extender a extremos en los que se usa este mismo discurso para censurar otro tipo de contenidos (mirar la lista de series animadas y de televisión prohobidas en China).
Por último, la iniciativa desde el MinTIC también parece olvidar cómo suelen funcionar este tipo de bloqueos cuando son mal ejecutados, en especial en un país con nuestra historia. Para no ir muy lejos, hace unas semanas el Viceministro de Conectividad, por una solicitud de la Súper Intendencia de Industria y comercio, ordenó el bloqueo de una URL a los operadores de bloquear dos URL especificas en el dominio de Archive.Org. El problema estuvo en que estos bloqueos se suelen realizar a dominios enteros, no entradas específicas irrespetando la neutralidad de la red.
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