El contrato del MinTIC para conectar más de 14.000 escuelas de zonas rurales de Colombia se ha convertido en una muestra más de las irregularidades que existen en nuestro país al adjudicar una licitación. En este caso, se trata de los evidentes problemas que tenía Unión Temporal de Centros Poblados. Esta es una de las dos empresas ganadoras de la licitación que conectaría zonas rurales de Quibdó a Medellín; sin embargo, se descubrió que presentó documentos falsos que supuestamente fueron emitidos por el Banco Itaú y que la misma entidad desmintió.
Después de varios problemas con la adjudicación del contrato, en los que se resaltó la poca experiencia de una de las empresas y otras irregularidades por conflictos de intereses de Karen Abudinen y el interventor, el MinTIC siguió en marcha y adjudicó el proyecto. Seis meses después, y ante las acusaciones de los medios de comunicación sobre irregularidades y la evidente falta de desarrollo de los proyectos que debía llevar a cabo Unión Temporal de Centros Poblados, la ministra de las TIC decidió pedir la caducidad del contrato. Además, prometió que su cartera recuperaría los $70.000 millones que fueron entregados como anticipo (la inversión del proyecto es de $1 billón de pesos).
Por su parte, la empresa ha asegurado que está dispuesto a ceder el contrato. Ayer, 11 de agosto, iniciaron las audiencias para determinar si el MinTIC podría determinar la caducidad. De obtener lo que quiere, Abudinen podría recuperar un poco más de $40.000 millones, pero no todo el dinero. El abogado de Centros Poblados aseguró que la ministra tiene prejuicios contra la empresa y que de perder el caso demandarían al Estado porque se ha mostrado buena voluntad al querer ceder el proyecto.
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Ahora, Karen Abudinen se enfrenta a una moción de censura en el Congreso. 19 representantes han solicitado llamar a la ministra a una audiencia el próximo 24 de agosto. En esta se determinaría si podría seguir ocupando su cargo. Mientras tanto, Iván Duque, presidente de Colombia, aseguró que confía en el carácter de Abudinen y su gestión, por lo que ofreció su ayuda para lograr el reintegro. Además, aseguró que ya se hicieron solicitudes a organismos internacionales, pues una gran parte del dinero está en una fiducia en Delaware, Estados Unidos.
La Procuraduría también informó que abrió una investigación preliminar para determinar si se investigará lo que está sucediendo. Por ahora, el proceso parece estar en el limbo. Expertos aseguran que si los documentos de las pólizas –que fueron supuestamente emitidos por el banco Itau– son falsos, entonces el contrato no tendría validez jurídica. Esto significa que el MinTIC no podría exigir su caducidad.
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Tendremos que esperar hasta que el proceso tenga todo su desarrollo para saber qué pasará con las más de 14.000 escuelas que esperaban estar conectadas y tener acceso a Internet gratuito con una operación garantizada hasta el año 2031. El abogado de Centros Poblados ha pedido extender el tiempo debido a un accidente de tránsito que no le permite atender el proceso como debería. Mientras tanto, Karen Abudinen y el MinTIC debería dejar de responder con promesas vacías a los medios de comunicación y dar respuestas más contundentes. El país merece respuestas y teniendo en cuenta que en Colombia se considera el acceso a Internet como un servicio público y esencial castigos que demuestren que esto no solo fue un papel más firmado para fotografías en los periódicos.
Imagen: Sala de prensa MinTIC.
