Para que Twitter decida eliminar ciertos contenidos por la razón que sea (porque alimentan la desinformación, porque son incómodos, etc.,) es necesario que alguien genere una petición formal para que la misma plataforma evalúe si deben o no ser retirados. Por supuesto que, cuando esto sucede, es inevitable que se encienda el debate sobre si la libre expresión en Internet es una quimera. Sin embargo, la situación es aún más crítica cuando quienes están detrás de la censura de contenidos son los mismos gobiernos, pues el tema deja de asociarse a las políticas de uso de las plataformas para convertirse en uno que cuestiona los límites del poder.
El último informe de Twitter hace ruido por eso mismo. Pues la red social reveló que solo entre enero y junio del 2021 se batieron récords en el número de peticiones hechas por gobiernos para retirar publicaciones hechas en la plataforma por otros usuarios. Durante ese período de seis meses, se recibieron más requerimientos de este tipo de los que se han presentado desde el año 2012, cuando se comenzó a compilar esta información.
De acuerdo al documento publicado, la compañía recibió más de 43.000 demandas legales de gobiernos que exigieron retirar contenidos de al menos 196.878 cuentas. El 95% de estos requerimientos se concentraron en cinco países: la mayoría de ellas llegaron desde Japón, Rusia, Turquía, India y Corea del Sur. China y Corea del Norte no aparecen en el informe, pues el acceso a Twitter está bloqueado en esos países.
¿Se eliminaron los contenidos incómodos para los gobiernos?
Sí, pero no todos. Según el Centro de Transparencia de la compañía, en el 54 % de los casos la red social solicitó a las cuentas denunciadas que modificaran el contenido o que, en su defecto, lo eliminaran.
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Cabe resaltar también que por fuera de las 43.000 solicitudes, la red social también reunió los datos de aquellas peticiones hechas por civiles (no por gobiernos) que han buscado el mismo objetivo desde 2014: evitar que ciertos contenidos se compartan y se hagan virales en Twitter. El informe subraya que, desde ese año, este tipo de requerimientos civiles han llegado de 35 países dentro de los que se cuentan Suiza, Israel y Argentina; sin embargo, el 87 % de estas peticiones se han hecho desde Japón, Brasil y EE.UU.
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