La familia de una mujer de 23 años, asesinada por el Estado Islámico en París, demandó a Google por permitir vídeos que incitan a la violencia y a unirse al grupo terrorista.
“Nos sentimos muy positivos y solamente queremos justicia, no solamente para nuestra familia, sino para todas las familias que han sufrido una pérdida“, dijo Beatriz González, madre de Nohemí, a la salida de la audiencia ante la Corte Suprema en Washington.
Nohemí González, una estudiante estadounidense de origen mexicano, fue asesinada en el restaurante La Belle Équipe de París por el grupo Estado Islámico (EI), durante un atentado en el que mataron a 130 personas, en noviembre de 2015.
La demanda responsabiliza a Google por permitir colgar vídeos incitantes en Youtube. Según la acusación, estos contenidos persuadían hacia actos de violencia y a unirse al grupo; además de recomendar a los usuarios más grabaciones de los yihadistas a través de un algoritmo.
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Durante casi tres horas, nueve jueces interrogaron a los abogados que representan a Google, al gobierno de Estados Unidos y a la familia de Nohemí González, sobre cómo la corte podría diseñar un fallo que exponga recomendaciones de contenido dañino, sin dejar de proteger a los inocentes.
La causa marca un precedente sobre hasta qué punto las plataformas pueden ser responsabilizadas de las recomendaciones que sus algoritmos hacen de contenidos emitidos por cualquiera. Esto, podría tener la capacidad de cambiar la configuración de seguridad actual de internet.
Los ciudadanos dicen no temer a Google: “Si hubiéramos pensado en miedo no hubiéramos estado aquí, porque sabemos que esto puede cambiar las redes sociales. Nohemi va a ser un cambio en todo esto”, afirmó José Hernández, padrastro de la joven asesinada.
La demanda busca “que se cambie la manera en que la información se mueve tan fácilmente en las redes sociales. Es muy fácil hacer agrupaciones, compartir comunicación. Debe estar más monitoreado no solamente con los terroristas, sino con todo tipo de actividades delictivas”.
El soporte legal de Google estaría en la Sección 230 de la Ley de Decencia de las Comunicaciones, aprobada en 1996, cuando internet apenas nacía. La regulación blinda a las plataformas frente a las demandas que las tratan como responsables de la información suministrada por otra fuente. Sin embargo está por determinar si pueden ser culpadas por sus recomendaciones.
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Por su parte, el abogado de la familia González argumentó que restringir la ley federal que protege el derecho de los sitios web a moderar sus plataformas como mejor les parezca, no tendría consecuencias radicales para Internet.
La jueza Elena Kagan, una de las togadas del Supremo, advirtió que la reducción de la Sección 230 podría conducir a una ola de demandas, incluso si muchas de ellas eventualmente son desestimadas, durante el interrogatorio con el fiscal general adjunto Malcolm Stewart.
La decisión del Supremo, de mayoría conservadora, tomará varios meses.
