La comunidad científica, a través de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC), que representa a 69 asociaciones médicas, expresa preocupaciones por las decisiones del Gobierno Nacional al intervenir las EPS, que según ellos afectan al sistema de salud, los derechos laborales y el ejercicio profesional. La asociación señala que que si bien es cierto que existe la necesidad de realizar un reforma a la salud, se deben conservar algunos aspectos positivos de la Ley 1755 de 2015 que regula el derecho en este sector.La carta dice que hay varios vacíos jurídicos en las recientes decisiones del presidente Gustavo Petro, que podrían afectar el sistema de salud y la prestación de servicios.
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Además, señala que las intervenciones a las EPS generan incertidumbre y riesgos para pacientes y profesionales de la salud.En tanto a la prestación de servicios, la comunidad científica señala que le preocupa la falta de claridad sobre cómo el Estado asumiría esta responsabilidad en todos los niveles de atención, lo que pondría en riesgo la calidad y oportunidad de la atención médica.También aseguran que es importante garantizar la continuidad y calidad de la atención para los pacientes, especialmente aquellos con enfermedades graves. Lo cual insta en la necesidad de acciones administrativas efectivas para asegurar la prestación del servicio de salud en condiciones adecuadas.
¿Y los profesionales de la salud?
Sobre este punto, la asociación dice que el personal enfrenta incertidumbre, con la terminación de contratos y deudas pendientes en las intervenciones a las EPS. Lo cual la comunidad exige protección inmediata de los derechos laborales, incluyendo condiciones de contratación y pago oportuno.Ante este panorama, en la carta solicita al mandatario claridad en la aplicación del giro directo del Gobierno Nacional para asegurar el pago puntual al personal de salud, evitando así una crisis que afectaría al sistema de salud en su conjunto.
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Así mismo, aseguran que hay una profunda necesidad de establecer una Unidad de Pago por Capitación (UPC) y un manual tarifario actualizado, con participación activa de las sociedades científicas en su elaboración.Finalmente la carta dice que las decisiones del Presidente Petro generan inseguridad y riesgos para pacientes, prestadores y trabajadores de la salud. y nuevamente, piden claridad sobre las motivaciones legales de dichas acciones y se insta a garantizar los derechos de todos los involucrados.No obstante, la asociación científica colombiana dice estar dispuesta para colaborar en la construcción de una reforma en salud que proteja los derechos de los pacientes y del personal médico, bajo un enfoque técnico y colaborativo.
Imagen: andresr
