En las últimas semanas el tema de las aplicaciones de transporte como Uber o Didi tiene preocupados a muchos de sus usuarios. El motivo está en que el gobierno de Gustavo Petro ha sido particularmente antagonista hacía ellas, en diversas ocasiones tildando a las apps de ilegales. De hecho, esta semana la Superintendencia de Industria y comercio emitió una circular en la que pidió a las autoridades y alcaldías el tener más control sobre estas apps y reforzar la aplicación de sanciones.
En medio de este ambiente Mauricio Lizcano, el ministro de las TIC, aseguró que la intención actual del gobierno no es prohibir las apps de transporte y que actualmente está organizando reuniones con el gremio para llegar a algún a acuerdo. Las declaraciones se realizaron en medio del lanzamiento de Talento Tech, un nuevo programa del Ministerio, en la Universidad de Antioquia.
“El es Internet neutral nosotros no vamos a prohibir ninguna plataforma ni ninguna aplicación en Colombia, esto es parte de la libre empresa, de la neutralidad tecnológica que tiene Colombia, nosotros no cerraremos ninguna, solo que cualquier aplicación tiene que regirse a las leyes colombianas en este caso las leyes de transporte“, aseguró el ministro Lizcano.
¿Qué significa el legalizar las aplicaciones?
Aunque la idea de legalizar las aplicaciones suene como el escenario ideal, representa muchos problemas que se deben solucionar y que, por desgracia, no parecen tener una respuesta tan fácil.
De manera sencilla, la visión que muchos tienen al momento de ‘regularizar las apps’ significa que los conductores que las utilicen deberán asumir algunos gastos extra que en estos momentos no aplican para ellos. Esta es la verdadera manzana de la discordia en la conversación, pues para el gremio de Taxistas las condiciones actuales representan una disparidad enorme de condiciones, mientras que los conductores de apps aseguran que con cobros adicionales las apps simplemente no serían lo suficientemente rentables como para ofrecer estos servicios.
Y luego está la manera en la que se definirían este tipo de aplicaciones como servicio en el país. Actualmente apps como Uber o Didi funcionan como intermediario entre el conductor y el usuario, facilitando los contratos de ‘arrendamiento’ de los vehículos y las pasarelas de pago. Cabe la duda de si una regulación de las apps significaría que estas apps no pueden simplemente operar en este limbo tecnológico, sino que tendrán que comenzar a responder de la manera en la que lo hacen otras compañías de transporte.
El problema está en que el status ‘ilegal’ de las aplicaciones de transporte tiene a la mayoría de sus conductores y usuarios en un dolor de cabeza que exige una solución inmediata. Para recordar, durante el paro camionero, conductores de apps se movilizaron por las calles exigiendo al gobierno regular la implementación de la infame multa D12, que de acuerdo con ellos se ha convertido en la caja menor de muchos agentes de tránsito.
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