En 2021, la Ley 2138 fue promulgada con la intención de reemplazar los vehículos de tracción animal (carretillas y zorras) por opciones motorizadas, como parte de una política de bienestar animal y de apoyo a los carretilleros. Tres años después, la implementación de esta ley enfrenta serios desafíos, aún se ven este tipo de vehículos rodando por las vías de Colombia.
Los números detrás del problema
De acuerdo con la senadora del partido Alianza Verde, Andrea Padilla, quien denunció públicamente el no cumplimiento de esta ley, actualmente hay 6.253 animales como caballos, yeguas, mulas, burros que todavía son utilizados para arrastrar vehículos en Colombia. Claramente, este tipo de actividades afecta el bienestar de los animales que son sometidos a largas horas de trabajo, cargas pesadas y en muchos casos, sin la alimentación adecuada.
A pesar de las buenas intenciones de la ley, los avances han sido limitados. Muchas alcaldías y gobernaciones no han presentado informes de avance. De 192 municipios consultados, solo 18 han dado respuestas claras. Además, 38 municipios ni siquiera han levantado reportes de los animales en esta labor.
En representación del Gobierno, el viceministro de Ambiente, Óscar Puerta, admitió que la ley nació sin un presupuesto específico, lo que ha dificultado su implementación. Aunque se han realizado esfuerzos interministeriales, la falta de recursos y voluntad política sigue siendo un gran obstáculo.
Y es que, el presupuesto nacional asignó 164.000 millones de pesos para la ejecución de esta iniciativa, pero los recursos aún no han sido efectivamente utilizados. Este presupuesto incluye no solo la adquisición de vehículos, sino también la adopción de animales reemplazados y programas para capacitar a los carretilleros.
¿Y los animales?
Una de las preocupaciones más grandes es el futuro de los animales. Si bien hay propuestas para integrarlos en fincas o programas de adopción, no existe un plan centralizado para garantizar su bienestar después de ser retirados de esta actividad.
Lo cierto es que el uso de vehículos de tracción animal no solo genera desgaste físico para los animales, sino que también los expone a accidentes y condiciones de trabajo extremas. Adicionalmente, representa una barrera para la modernización del transporte urbano y rural en muchas regiones.
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Además, en ciudades como Cartagena, se han hecho intentos para reemplazar los coches de caballos utilizados en zonas turísticas por vehículos eléctricos. Sin embargo, estas iniciativas aisladas no son representativas de un esfuerzo nacional coordinado. Los animales en estas zonas continúan siendo explotados, mientras que los carretilleros enfrentan un futuro incierto ante la falta de alternativas laborales claras.
¿Qué sigue ahora?
La senadora propuso la instalación de una mesa técnica para establecer costos reales y coordinar esfuerzos entre entidades gubernamentales, asociaciones de bienestar animal y actores del sector privado. Sin embargo, esta iniciativa aún no se ha materializado.
La instalación de una mesa técnica, como propone la senadora Padilla, parece ser una de las pocas soluciones viables para avanzar. Esta mesa permitiría coordinar a entidades como el Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal (SINAPYBA), la Federación de Departamentos y asociaciones privadas para garantizar el cumplimiento de la ley.
Mientras tanto, los animales siguen siendo sometidos a condiciones extenuantes, y las familias que dependen de esta actividad enfrentan un panorama lleno de incertidumbre.
Imagen: Louis Hansel
