Según revela The Independent, expertos legales y observadores han levantado serias dudas sobre la calidad y coherencia de las recientes órdenes ejecutivas firmadas por Donald Trump, sugiriendo que podrían haber sido redactadas utilizando inteligencia artificial. Esta situación plantea interrogantes significativos sobre la gobernanza y la administración pública en la era digital.
El análisis de estas órdenes ejecutivas ha revelado patrones lingüísticos peculiares y estructuras textuales que recuerdan al output típico de sistemas de IA. Un ejemplo notable es la orden ejecutiva sobre el cambio de nombre del Golfo de México a “Golfo de América”, que contiene descripciones mecánicas y repetitivas características de los textos generados por IA, según señala el abogado de apelaciones Raffi Melkonian.
Particularmente llamativa resulta la orden ejecutiva sobre género, que presenta inconsistencias científicas significativas. El documento afirma que el género se determina “en el momento de la concepción”, una declaración que contradice el conocimiento médico establecido. Como señala la Biblioteca Nacional de Medicina, las características sexuales masculinas no se desarrollan hasta aproximadamente seis semanas después de la concepción.
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La calidad de redacción de estos documentos oficiales ha generado preocupación entre expertos legales. Mark Joseph Stern, periodista especializado en temas legales de Slate, ha catalogado estas órdenes como “trabajo pobre y descuidado”, señalando que muestran claros indicios de haber sido “asistidas por IA”. Esta observación resulta particularmente relevante considerando que las órdenes ejecutivas son documentos legales que pueden enfrentar escrutinio judicial.
El economista Robert Reich ha añadido otra capa de complejidad al debate al señalar que 16 de estas órdenes parecen derivar directamente del controvertido Project 2025 de la Heritage Foundation, un plan de la derecha para la administración Trump. Esto resulta paradójico considerando que Trump ha negado repetidamente cualquier conocimiento sobre dicho proyecto durante su campaña.
Las implicaciones de utilizar IA para redactar documentos ejecutivos son profundas. Por un lado, plantea interrogantes sobre la transparencia y la autenticidad en la formulación de políticas públicas. Por otro, surge la preocupación sobre la viabilidad legal de estas órdenes, especialmente considerando que muchas probablemente serán impugnadas en los tribunales.
La situación actual contrasta con las expectativas de una mejora en la calidad del trabajo legal respecto a la primera administración Trump. Los expertos habían anticipado un mayor rigor en la preparación de documentos oficiales, pero las evidencias sugieren lo contrario.
Esta controversia denota la necesidad de establecer pautas claras sobre el uso de la IA en la redacción de documentos gubernamentales oficiales. También plantea preguntas fundamentales sobre la responsabilidad y la supervisión en la elaboración de políticas públicas en una era donde la tecnología juega un papel cada vez más prominente en la administración gubernamental.
Imagen: Archivo ENTER.CO
