El proceso de implementación de la tecnología 5G en Colombia ha encontrado un obstáculo significativo con TELECALL, uno de los cuatro operadores asignatarios del espectro en la subasta realizada el 20 de diciembre de 2023. Este operador, de origen brasileño, ha quedado en el centro de la controversia luego de solicitar al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) modificaciones en las condiciones de su adjudicación, solicitudes que fueron negadas por la entidad.
La negativa del MinTIC plantea serios interrogantes sobre la capacidad de TELECALL para cumplir con las obligaciones adquiridas en la subasta y deja abierta la posibilidad de que el operador enfrente sanciones o incluso la pérdida de su asignación de espectro. ¿Fue una mala apuesta del Gobierno incluirla en el proceso? ¿Qué consecuencias tendrá esta situación en la implementación del 5G en el país?
Pues bien, ante esta pregunta, podemos decir que TELECALL es una empresa brasileña con experiencia en telecomunicaciones, pero su presencia en Colombia es relativamente nueva. Su participación en la subasta de espectro 5G generó escepticismo desde el principio, pues se trataba de un actor sin la misma solidez que gigantes como Claro, Movistar o Tigo.
Desde su adjudicación, la compañía ha tenido problemas para cumplir con los requisitos financieros y administrativos establecidos en la Resolución 498 de 2024. En un intento por modificar las condiciones iniciales, TELECALL presentó varias solicitudes argumentando “hechos sobrevinientes”, “igualdad material” y “el interés superior en la prestación del servicio público esencial de telecomunicaciones”. Sin embargo, el MinTIC determinó que los argumentos expuestos no justificaban un cambio en los términos de la adjudicación.
La postura del MinTIC, reglas claras y sin excepciones
El MinTIC fue contundente en su respuesta, no es procedente declarar la revocatoria parcial de la Resolución 498 ni aceptar un acuerdo de pago. La entidad ha enfatizado que cualquier modificación debe basarse en fundamentos legales y probatorios sólidos, los cuales TELECALL no acreditó en sus solicitudes.
Además, el operador enfrenta dos actuaciones administrativas por presuntos incumplimientos. La primera, por no constituir y presentar las garantías establecidas en la normativa dentro del plazo previsto. La segunda, por no haber realizado el primer pago de la contraprestación económica en los tiempos estipulados. Estas faltas podrían derivar en sanciones o incluso la revocación de la adjudicación, lo que abriría la puerta a nuevas disputas legales y retrasos en la implementación del 5G.
¿Y ahora qué?
El Gobierno Nacional ha reiterado su compromiso con la protección del interés general y la libre competencia en el sector de las telecomunicaciones. Esto significa que, si la empresa de telecomunicaciones no cumple con sus obligaciones, el MinTIC deberá actuar en consecuencia, lo que podría implicar la reasignación de su espectro a otro operador o incluso su devolución al Estado para una futura subasta.
El caso de la compañía brasileña deja varias lecciones sobre la planificación y ejecución de la subasta 5G en Colombia. Primero, la necesidad de evaluar con mayor rigurosidad la capacidad financiera y operativa de los participantes antes de adjudicarles espectro. Segundo, la importancia de establecer mecanismos de control más estrictos para evitar situaciones en las que operadores sin suficiente solidez pongan en riesgo el desarrollo de la tecnología en el país.
Si bien el 5G representa una oportunidad clave para la modernización de las telecomunicaciones en Colombia, casos como el de TELECALL evidencian los desafíos regulatorios y de ejecución que pueden frenar su avance. Aún está por verse si el operador logra cumplir con sus obligaciones o si, por el contrario, su participación en la subasta terminará siendo un episodio fallido en la historia del despliegue del 5G en el país.
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