¿El caso de Pegasus se está repitiendo en Estados Unidos? Un reciente reporte de Forbes ha revelado que el gobierno de Estados Unidos invirtió millones de dólares en tecnología avanzada de hackeo de teléfonos. Este gasto surge en un momento clave, coincidiendo con los planes del expresidente Donald Trump para implementar la deportación masiva de inmigrantes al retomar el cargo en 2025. Todo indica que las herramientas adquiridas tienen el potencial de reforzar los sistemas de vigilancia y recopilación de datos en el marco de las políticas migratorias que prometen ser más estrictas. Entre las tecnologías mencionadas se encuentra el uso de inteligencia artificial (IA) para categorizar a migrantes según su “riesgo de evasión”. Por otro lado, un algoritmo conocido como “puntuación de huracán” clasifica a las personas según su probabilidad de evitar la supervisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Además, cuentan con aplicaciones como SmartLINK, que permiten rastrear en tiempo real a los inmigrantes mediante geolocalización y reconocimiento facial. Estas herramientas ya están en uso para supervisar a aquellos incluidos en el programa “Alternatives to Detention”, aunque su implementación ha generado críticas por posibles sesgos y violaciones a la privacidad.El plan de deportación propuesto por Trump no solo contempla tecnología, sino también la reasignación de recursos humanos. Según Infobae, agentes de otras agencias y miembros de la Guardia Nacional podrían ser movilizados para reforzar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Además, se habla de la ampliación de mecanismos como la “expulsión acelerada”, que permite deportar a personas sin un debido proceso si no pueden probar su residencia prolongada en el país.
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Organizaciones civiles han mostrado preocupación por el uso de estas herramientas tecnológicas, argumentando que podrían derivar en discriminación y abuso de poder. Según un análisis de LatinUS, las decisiones basadas en IA, aunque apoyadas por supervisión humana, podrían exacerbar problemas como la detención prolongada de migrantes, limitando su capacidad para defenderse en procesos legales. Además, se cuestiona la transparencia y regulación de estos sistemas, ya que algunos operan fuera de las normativas actuales implementadas bajo la administración de Biden.El retorno de Trump al poder plantea interrogantes sobre el balance entre seguridad nacional y derechos civiles. Aunque la tecnología promete eficacia en la ejecución de políticas migratorias, su uso desmedido podría abrir un nuevo capítulo en debates sobre privacidad y vigilancia estatal. Grupos de derechos humanos ya están presionando para que estas herramientas sean utilizadas de manera ética y regulada. Sin embargo, Trump ha sugerido la posibilidad de revertir las restricciones existentes, lo que podría intensificar la controversia en torno a su aplicación en futuros planes de deportación.Esta situación no solo destaca el impacto de la tecnología en políticas públicas, sino también la necesidad de un escrutinio constante para evitar su uso indebido.Imagen: Josh Wilburne
