El reciente ataque con drones armados y explosivos contra un hospital de campaña en el Cañón del Micay, Cauca, marca un nuevo episodio en la compleja crisis de seguridad que atraviesa Colombia. La ofensiva, atribuida al Frente Carlos Patiño del Estado Mayor Central (EMC), disidencias de las FARC, no dejó víctimas mortales, aunque sí afectó al personal médico que se encontraba en el lugar.
El hospital temporal había sido instalado por el gobierno de Gustavo Petro en conjunto con Médicos Sin Fronteras (MSF) para atender a la población del Micay, una zona de difícil acceso y altamente afectada por el conflicto armado y el narcotráfico. En total, el centro médico contaba con nueve carpas con capacidad para atender a 40 pacientes, constituyendo la única infraestructura sanitaria accesible para aproximadamente 32.000 habitantes de la región.
Según el presidente Petro, el ataque representa una grave violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y fue llevado a cabo con la intención de impedir el acceso a servicios de salud para la población civil. En su declaración en la red social X, calificó a los atacantes como “traquetos” (narcotraficantes), subrayando su relación con el negocio del narcotráfico que impera en la zona.
Ahora bien, el ataque ocurrió en el poblado de El Plateado, uno de los principales bastiones del EMC. Según informes del Ejército, miembros del Frente Carlos Patiño desplegaron drones armados cargados con explosivos contra la infraestructura médica, generando una serie de detonaciones que causaron pánico y afectaron a los trabajadores sanitarios. Estos dispositivos no solo transportaban explosivos, sino que también fueron utilizados para dirigir ataques de forma remota, lo que demuestra un avance en la capacidad operativa de los grupos insurgentes.
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Aunque no hubo víctimas fatales, una trabajadora de MSF sufrió heridas leves, mientras que otros integrantes de la misión médica quedaron aturdidos por las explosiones. El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, confirmó que no hubo heridos graves ni muertes, pero alertó sobre el riesgo que representa este tipo de ataques para las organizaciones humanitarias que trabajan en la región.
Cabe mencionar que, las disidencias, que en el pasado estuvo en negociaciones de paz con el gobierno, se fracturó en 2024. La facción liderada por alias Iván Mordisco rompió los diálogos y ha incrementado su accionar violento contra las fuerzas estatales y la población civil. En respuesta a esta escalada, el gobierno de Petro ordenó una incursión militar en la zona en octubre pasado, buscando restablecer la presencia estatal.
El uso de drones armados en este ataque representa una escalada preocupante en las tácticas de los grupos armados ilegales. Esta tecnología permite realizar ataques con mayor precisión y menor riesgo para los combatientes, facilitando el hostigamiento contra objetivos estratégicos sin exponer directamente a sus fuerzas. Esta estrategia también ha sido utilizada por otras organizaciones criminales y guerrilleras, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que mantiene presencia activa en otras regiones del país.
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El aumento de la violencia en Colombia pone en riesgo la apuesta del gobierno por el desarme de los grupos insurgentes y la consolidación de la paz total. La falta de acuerdos sólidos con facciones como la de Iván Mordisco, sumada a la persistencia del narcotráfico como motor del conflicto, hace que el panorama de seguridad sea cada vez más incierto. Mientras tanto, la población civil sigue atrapada en medio del fuego cruzado, con cada vez menos garantías para su bienestar y protección.
Imagen: Generada con IA
