A partir del 2 de mayo, un cambio técnico heredado del pasado frenará la llegada de carros y repuestos fabricados en Estados Unidos al mercado colombiano. No se trata de una pelea política reciente ni de una decisión ideológica del actual gobierno. Es, más bien, la consecuencia de una reforma normativa aprobada en silencio durante el gobierno de Iván Duque, que hoy muestra su verdadero impacto: una desconexión técnica con uno de nuestros principales socios comerciales.
Ahora bien, por qué ya no se podrán importar carros de Estados Unidos; sobre esto, Colombia exige desde mayo, que todos los vehículos importados cumplan con certificados de seguridad emitidos por “terceros acreditados”. Este ajuste elimina una figura anterior que permitía que los fabricantes presentaran directamente sus propios certificados técnicos. El cambio parece burocrático, pero tiene un efecto directo: Estados Unidos no otorga este tipo de certificaciones externas porque confía en sus propias normas de seguridad, avaladas dentro del TLC con Colombia.
Como resultado, marcas como Ford y Chevrolet —que representan más del 11% del mercado automotor colombiano— quedarían por fuera, al menos temporalmente. Otras marcas que estarían en la lista son Jeep, RAM, Volkswagen, Mercedes-Benz y Subaru
El origen de esta modificación está en una resolución del Ministerio de Comercio durante el mandato de Iván Duque, que reformó los reglamentos técnicos para el sector automotor. En ese momento, se eliminó la “certificación de primera parte” —una figura legalmente válida que permitía importar vehículos basados en el estándar de fabricación de origen— y se reemplazó por la exigencia de pruebas por parte de organismos independientes.
Andrés Chaves, presidente de Andemos, afirma que este giro fue impulsado sin suficiente evaluación del impacto que tendría en el comercio bilateral con Estados Unidos. La medida no fue revertida ni modificada por la actual administración, pero tampoco fue iniciativa del gobierno de Gustavo Petro, como algunos han intentado sugerir en redes sociales.
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Cabe aclarar que esta no es una ruptura con EE. UU., es una colisión técnica. Desde la Embajada de Estados Unidos, John McNamara, encargado de negocios, aseguró que la medida es “arbitraria” y representa una barrera técnica al comercio que puede deteriorar el clima económico entre ambos países.
En términos concretos, afectará cerca de 800 millones de dólares anuales en importaciones y podría generar pérdidas de empleo tanto en Colombia como en el país norteamericano.
McNamara ha recordado que, en el marco del Tratado de Libre Comercio, se había logrado un principio de confianza mutua entre estándares de fabricación. Al imponer una exigencia distinta a los productos estadounidenses —y más alineada con la norma europea—, Colombia rompe ese principio sin justificación comercial aparente.
¿Se puede evitar el golpe?
Andemos ha solicitado un periodo de transición de entre 16 y 24 meses para que las marcas norteamericanas puedan adaptarse a los nuevos requisitos. Sin embargo, hasta ahora, el Ministerio de Transporte no ha respondido oficialmente a esta propuesta. Si no se otorga una prórroga, muchas marcas no podrán renovar su inventario en Colombia, afectando directamente a los consumidores que optan por vehículos americanos, en especial en el segmento SUV, híbrido y eléctrico.
De hecho, si no hay una solución rápida, Colombia no solo perderá acceso a vehículos de alto estándar estadounidense, sino que podría verse obligada a depender aún más de marcas asiáticas o europeas, que sí cumplen con los requisitos vigentes. Esto podría encarecer los precios, reducir la variedad en el mercado y, en el fondo, debilitar una relación comercial estratégica con Estados Unidos.
Más allá de las culpas, la situación actual es una advertencia, pues las decisiones técnicas también son políticas. Lo que se firmó con discreción en el pasado, hoy estalla con estruendo en los titulares.
Imagen: Archivo ENTER.CO
