El alcalde Carlos Fernando Galán ha propuesto una medida que busca cobrar a los vendedores ambulantes por el uso de espacio público. Esta iniciativa ha generado un amplio debate en la ciudad, enfrentando opiniones diversas entre autoridades, vendedores y ciudadanos.
La propuesta del alcalde Galán se basa en el Decreto 315 de 2024, que redefine la actividad de ventas informales como un aprovechamiento económico del espacio público. Según este decreto, los vendedores ambulantes deberán pagar una tarifa mensual por los metros cuadrados que ocupen en las calles y plazas de Bogotá. El Instituto para la Economía Social (IPES) será la entidad encargada de administrar y gestionar esta actividad, buscando equilibrar los derechos de los vendedores informales con el uso común del espacio público.
Las tarifas propuestas varían según el tipo de mobiliario utilizado:
- Mobiliario semiestacionario: $24,747 mensuales.
- Quiosco: $65,822 mensuales.
- Quiosco con módulo de venta sencillo: $133,423 mensuales.
Además, se contempla un enfoque diferencial para personas en condiciones de vulnerabilidad, lo que podría incluir reducciones o exenciones en las tarifas. El objetivo es fortalecer económicamente a los comerciantes informales y garantizar un uso adecuado del espacio público.
La propuesta ha generado preocupación entre los vendedores ambulantes de la ciudad. Muchos temen que los costos asociados al uso del espacio público sean elevados y excedan su capacidad de pago, lo que podría afectar su sustento diario. Por ejemplo, María Consuelo Bernal, vendedora informal de 60 años y con discapacidad, expresó a CityTV su inquietud sobre su futuro laboral en las calles de Bogotá.
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Otro vendedor, Henry, manifestó a Caracol Televisión su temor de ser desplazado por otros con mayor capacidad económica: “Si yo podría pagar 20 mil pesos mensuales, por ejemplo, y llega otro de alguna empresa a pagar $100 mil, me estarían sacando a mí injustamente”.
El IPES ha aclarado que el objetivo del decreto no es desalojar a los vendedores informales, sino generar un orden que beneficie tanto a los vendedores como a los ciudadanos. La entidad busca formalizar la labor de los vendedores informales, ofreciéndoles condiciones dignas para su trabajo y previniendo situaciones de explotación o extorsión.
Además, se han establecido mesas de diálogo con representantes de los vendedores para aclarar dudas y ajustar detalles de la implementación de la medida. Estas mesas buscan garantizar que la política pública sea inclusiva y tenga en cuenta las necesidades y realidades de los vendedores informales.
No es la primera vez que se busca imponer cobros a los vendedores ambulantes
La discusión sobre el cobro por el uso del espacio público a vendedores informales no es nueva en Bogotá. En 2020, la entonces alcaldesa Claudia López planteó la posibilidad de implementar un cobro similar, argumentando la necesidad de regular el uso del espacio público y generar recursos para la ciudad. Sin embargo, debido a la presión económica generada por la pandemia del coronavirus, esta medida no se implementó en ese momento.
La actual propuesta del alcalde Galán retoma esta discusión, buscando una solución que equilibre el derecho al trabajo de los vendedores informales con la necesidad de mantener el orden y la movilidad en el espacio público de la ciudad.
La implementación de esta medida presenta varios desafíos. Por un lado, es fundamental garantizar que las tarifas sean justas y acordes a la realidad económica de los vendedores informales, evitando que sean excluidos o desplazados. Por otro lado, es necesario establecer mecanismos de control y seguimiento que aseguren el cumplimiento de la normativa y eviten prácticas corruptas o abusivas.
Además, es importante que la ciudadanía en general comprenda los objetivos de la medida y apoye su implementación, reconociendo la importancia de regular el uso del espacio público para el beneficio de todos.
Imagen: Jon Tyson
