A partir de este año, las mujeres que tengan su periodo menstrual, que laboran en el Departamento Administrativo de la Función Pública podrán acceder a tres días hábiles de trabajo remoto por cada ciclo menstrual. Esta medida, incluida en el Programa Nacional de Bienestar 2023-2026, busca proteger el bienestar físico y emocional de estas personas, y podría convertirse en ley mediante una iniciativa que se discute en el Congreso de la República.
“Como entidad transversal del Gobierno Nacional, hemos decidido implementar esta iniciativa para proteger derechos, promover la salud y dignificar las condiciones laborales. Invitamos a todas las entidades del Estado a sumarse a este esfuerzo,” destacó Paulo Molina Bolívar, director encargado de la Función Pública.
¿Cómo funciona?
Según la Directiva Interna emitida por Función Pública, los tres días hábiles de trabajo remoto deberán ser continuos y autorizados por el jefe inmediato. Las personas interesadas en acceder a este beneficio deberán presentar un certificado médico vigente que demuestre una condición como endometriosis, síndrome de ovario poliquístico o miomas, entre otras. Este certificado será renovado cada seis meses.
La medida también contempla el uso de teletrabajo para garantizar que las personas menstruantes puedan cumplir con sus responsabilidades laborales sin afectar su salud o productividad.
En el lanzamiento de la directiva, se organizó un conversatorio con figuras destacadas como María Fernanda Carrascal, representante a la Cámara, y Nataly Sarmiento, creadora de iniciativas como Ecolunas y Menstruación Digna y Sostenible. Este evento reforzó el compromiso del Estado con la salud menstrual y sirvió de modelo para otras instituciones.
¿Cómo se implementará?
Algunas entidades como las superintendencias de Sociedades y Solidaria, y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) ya han adoptado esta política. Además, Función Pública está preparando una circular para invitar a más organismos del sector público a unirse.
La medida responde a cifras del Dane que revelan que entre 2021 y 2022, el 8% de las mujeres en Colombia se vieron obligadas a interrumpir sus actividades debido a los síntomas de su periodo, afectando a aproximadamente 3,5 millones de personas.
“Históricamente, las políticas laborales han ignorado las necesidades específicas de las mujeres y personas menstruantes. Con esta iniciativa buscamos cambiar eso, construyendo un servicio público más cercano, justo y equitativo,” agregó Molina.
Este avance representa un importante reconocimiento a los derechos menstruales y un esfuerzo por generar un ambiente laboral más inclusivo y humano en el sector público. Al dignificar las condiciones de trabajo de mujeres y personas menstruantes, Colombia se posiciona como un referente en la adopción de políticas laborales progresistas. Sin embargo, su éxito dependerá de una implementación eficiente y del compromiso de las instituciones para garantizar su sostenibilidad a largo plazo.
Imagen: Nuttawan Jayawan
