El Estado colombiano acaba de comprometerse a llevar a cabo nuevas acciones para mejorar la seguridad en entornos digitales. Este miércoles, en una rueda de prensa en Bogotá, los ministerios de las TIC y de Defensa y el Departamento de Planeación Nacional presentaron el Documento Conpes 3854, que delinea la Política Nacional de Seguridad Digital.
Básicamente, el documento es una lista de acciones y políticas que las entidades del Estado estarán obligadas a llevar a cabo en los siguientes cuatro años para mejorar la seguridad en entornos digitales. Este documento reemplaza al Documento Conpes 3701 de 2011, que fijó la política de ciberseguridad hasta 2015 y creó una especie de línea de respuesta frente a las situaciones de riesgo de seguridad informática, la cual estaba a cargo del Ejército y la Policía. La principal novedad del nuevo Documento es que obliga a todas las entidades del Estado y todos actores los involucrados a comenzar a prevenir y mitigar los riesgos infomáticos.
“Esto es una cadena, y no podemos tener un eslabón más débil que los demás”, aseguró la viceministra de tecnologías de la información, María Isabel Mejía. Por eso, el Ministerio TIC tiene la tarea de hacer una guía para que todas las entidades del Estado sepan identificar, clasificar y gestionar su riesgo informático.
Además, parte de la nueva estrategia consiste en crear campañas y contenidos para concienciar a los ciudadanos acerca de los riesgos informáticos y la forma adecuada de prevenirlos. También, se deberán crear centros de respuesta rápida a crímenes digitales sectoriales regionales, que vendrán a complementar la labor del Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas (Colcert), la cual ya funciona.
El documento también contempla un aumento de las capacidades técnicas de ciberdefensa y una estrategia de protección de la infraestructura crítica, como el sistema energético o el financiero, que corren riesgos informáticos que podrían causar problemas serios en su operación. Ese sector estaría a cargo del Ministerio de Defensa.
La nueva política pública es producto de jornadas de construcción en las que participaron, además del Gobierno, el sector público, organizaciones civiles y ciudadanos. Según los voceros del gobierno, el Documento contempla la protección a la privacidad y los derechos humanos, y la garantía del flujo libre de información. “Los comentarios de la sociedad civil estaban muy alineados con las instituciones internacionales, que decían que se debía incluir ese enfoque”, dijo Mejía. “Esos debates se están dando en todo el mundo, se deben dar entre todas las partes interesadas”, añadió.
El DNP estima que este nuevo plan requerirá de una inversión de aproximadamente 85.000 millones de pesos entre 2016 y 2019, y contempla acciones de parte de todos los ministerios. El documento estará pronto disponible para descarga en la página del DNP.
Imagen: montaje ENTER.CO.
