La pelea entre el Gobierno y los activistas por las Leyes ‘Lleras’

La ‘Ley Lleras’ vuelve al ring. Luego de que el Congreso decidiera archivar la primera versión, y de que la Corte Constitucional tumbara la Ley 1520 de 2012 (PDF) –que fue bautizada por los internautas como ‘Ley Lleras 2’ o ‘Ley del TLC’– por vicios en su trámite, el Gobierno la puso de nuevo en la agenda del Congreso. Primero por medio del Proyecto de Ley 226 de 2013, que propone de nuevo lo que la ‘Ley Lleras 2’ decretaba sobre las señales de televisión. Y luego con otro proyecto de ley presentado este viernes, que busca que se apruebe el resto del paquete.

Desde la caída de la ‘Ley Lleras 2’, el Gobierno había guardado silencio sobre el tema. Como le dijo el ministro TIC, Diego Molano Vega, a ENTER.CO, era probable que se presentara “el mismo texto” de la derogada Ley, pero eso no se supo a ciencia cierta hasta que se conoció la nueva iniciativa. ENTER.CO no obtuvo respuestas a varios requerimientos de información que hizo a diferentes entidades del Gobierno en el último mes, y luego fuimos informados de que no había posición oficial sobre el tema.

Con el nuevo Proyecto de Ley, el Gobierno finalmente destapó sus cartas y comenzó un nuevo round de su pulso con los activistas de internet.

Activistas piden más debate

Mientras el gobierno callaba, los activistas, los académicos y los internautas ya se estaban moviendo. Su objetivo era evitar que les volvieran a pasar por encima. Decían que el Gobierno tenía en sus manos la oportunidad de evitar los errores del pasado y redactar una buena ley: una iniciativa consensuada, dialogada, que fuera producto de un proceso serio y no del afán de cumplir.

La primera ‘Ley Lleras’ tuvo mucha discusión pública, y gracias a los problemas que salieron a la luz en ese debate el Congreso decidió archivarla. Pero –como recordó el abogado, periodista e investigador Carlos Cortés Castillo– en la segunda Ley “el debate estuvo descartado de plano“. Fue aprobada a las carreras por un Legislativo cuya verdadera preocupación era hacer la tarea para que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmara el TLC en su entonces próxima visita a Cartagena.

Lo que esperaban los activistas era que el Gobierno aprovechara la derogación de esa Ley para llevar a cabo la discusión pendiente. “La nueva Ley no puede salir del bolsillo del ministro sin que haya una discusión previa. El Gobierno debería aprovechar el debate para enriquecer el proyecto de ley“, afirma el abogado Lorenzo Villegas, que se ha opuesto en varios escenarios a los proyectos de ley presentados por el Gobierno.

En opinión de Carolina Botero, directora de la Fundación Karisma y la más reconocida vocera de la sociedad civil en estas discusiones, el Gobierno no tiene voluntad de hablar con la sociedad civil sobre este tema. “La posición sigue siendo que el Gobierno sabe lo que nos conviene, se lo presenta al Congreso y confía en su ‘unidad nacional’ para que pase. No se resigna a un proceso abierto con la sociedad“, dice.

Incluso los representantes de la industria musical están de acuerdo con que hay que dialogar más: “Me gustaría ver sistemas adaptados a las realidades de cada país“, dice Gustavo Palacio, director ejecutivo de APDIF Colombia, el gremio de los productores fonográficos. “Lo que quisiéramos –añade– es una discusión franca y abierta, que construyamos un sistema real”.

Si hay alguien interesado en que haya una reglamentación efectiva de los derechos de autor es, precisamente, el gremio de los dueños de esos derechos. La intención de las discográficas, como dice Palacio, es llegar a “mecanismos que permitan acceder a los contenidos, y que la gente se acostumbre a acceder a los contenidos en un entorno de legalidad“. Lo que quieren no es, asegura, enviar a la cárcel a los internautas: “La posición de la industria no es ir detrás de personas que descargan música”.

Pero el Gobierno prefirió el silencio. El diálogo ya no ocurrió, y los malentendidos siguen en el aire. El espacio que les queda a los colombianos para debatir el tema es el Congreso de la República, algo que no le gusta mucho a algunos activistas. “El proceso de participación ciudadana en el Congreso es todo menos amable con ciudadanos“, dice Botero.

El argumento que suele esgrimir el Gobierno para negar que estas leyes fueron presentadas a espaldas de la ciudadanía consiste en que su contenido fue discutido ampliamente cuando se redactó y se negoció el TLC, entre 2000 y 2007. “Este no es un tema que haya sido hecho a la ligera. Estas negociaciones duraron años, y fueron discutidas con el sector privado“, nos dijo el ministro TIC, Diego Molano, en ese momento.

Pero para Botero, desde 2007 han pasado cosas en el mundo TIC que hacen que sea necesario que el debate se actualice. “Es ridículo creer que debemos adoptar las medidas que en EE. UU. ya tienen 15 años. La propia registradora de derecho de autor de Estados Unidos dice que hay que reformar el derecho de autor“, afirma.

Lo que exige el TLC

Ninguna de las dos leyes ‘Lleras’ salió de una iniciativa propia del gobierno colombiano. Fueron producto de los compromisos que adquirió el país para poder firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. ¿Cuáles son esos compromisos?

El capítulo 16 del texto del tratado (PDF) compromete al país a hacer que sus leyes de propiedad intelectual sean compatibles con las estadounidenses. Para ello, nuestra legislación debe tener varios instrumentos que hoy no tiene. Uno de ellos es lo que se conoce como “limitaciones a la responsabilidad de los proveedores de servicios“. La ‘Ley Lleras’ original tenía el objetivo de incluirlo en las leyes colombianas.

Estas limitaciones buscan que un prestador de servicios digitales (es decir, alguien que enlace, almacene o distribuya contenidos digitales) quede eximido de cualquier responsabilidad civil o penal por piratería si desactiva el acceso a ese contenido siempre que el dueño de los derechos se lo pida.

En Estados Unidos, la ley de derechos de autor en internet, conocida como DMCA (Digital Millenium Copyright Act), establece un procedimiento similar. Por ejemplo: si una disquera descubre que un video de YouTube reproduce sin autorización una canción de cualquier artista representado por ella, se comunica con Google pidiéndole que ‘dé de baja’ ese video. Google podría no hacerlo, pero en ese caso se expondría a ser responsabilizado por piratería. La empresa prefiere jugar seguro, y por eso el resultado suele ser que el video es bloqueado de YouTube.

Otra obligación que se impone en el TLC es la de prohibir “la retransmisión de señales de televisión (sean terrestres, por cable o por satélite) a través de Internet sin la autorización del titular o titulares del derecho del contenido de la señal“. La ‘Ley Lleras 2’, tanto en su primera como en su segunda versión, copian esa prohibición palabra por palabra.

¿Es copiar la legislación estadounidense una buena idea?

En su momento, el ministro TIC, Diego Molano Vega, nos dijo que las dos leyes ‘Lleras’ ponen a Colombia “al mismo nivel de derechos que Estados Unidos”con respecto a las leyes de derechos de autor. Sin embargo, la opinión entre los opositores de la iniciativa es que ceñirse de forma cerrada a la legislación estadounidense no es ni una obligación ni una buena idea.

“El TLC no dice que Colombia deba copiar el DMCA“, dice Villegas. Para él, y para Botero, no es necesariamente cierto que el acuerdo suscrito entre Colombia y Estados Unidos llegue hasta ese punto.

“Nosotros no hemos dicho nunca que no se honren los compromisos adquiridos“, dice Botero. Sin embargo, añade, “el TLC no es una camisa de fuerza. Lo que dice es que debes usar camisa; pero el color, el tipo de manga, de cuello e incluso el material todavía está por decidirse“.

Incluso Palacio, representante de las discográficas, dice que copiar el sistema estadounidense no es obligación. “Nadie dice, ni la industria, que necesariamente tengamos que tener acá exactamente el sistema norteamericano“.

Los activistas han señalado que otros países que también tienen TLC han creado legislaciones que no son copias exactas de las leyes de Estados Unidos. “Los tratados de EE. UU. con Chile, con Europa o con Australia, tienen condiciones similares a las nuestras, pero los procedimientos en cada uno de esos países han sido diferentes“, asegura Botero.

El problema es que no conocemos el problema

El temor de los activistas es que el Gobierno y el Congreso estén creando leyes para solucionar un problema que no conocen bien, y que de hecho ni siquiera están seguros de que exista.

En el primer acto público a favor de la ‘Ley Lleras’, aparecieron varios trabajadores de las industrias culturales a intentar convencer al Congreso de que esa ley iba a salvar de las garras de la piratería al producto de su sufrido trabajo. Para conmover al auditorio, la productora de cine Paula Jaramillo comparó los cinco rollos de una de sus películas –que, asevera, le costó “ocho años de trabajo“– con la copia pirata que consiguió en un semáforo. “La piratería nos imposibilita la recuperación de la inversión en una producción de cine“, dijo.

Nadie estaba intentando penalizar esa clase de piratería. Eso ya era delito entonces, y sigue siéndolo hoy.

La ‘Ley Lleras 2’ también fue tramitada en medio de la falta de información de muchos de los actores de las dos partes del debate. Entre otras imprecisiones, el senador ponente de la Ley 1520, Carlos Ramiro Chavarro, confundió en una de sus intervenciones las protecciones anticopia DRM con los archivos PDF, seguramente con la idea de que los segundos no podían ser editados con un procesador de textos.

Por otra parte, muchos activistas también han cometido desatinos y ligerezas en sus declaraciones públicas: el que esa ley haya sido llamada tan prontamente ‘Ley Lleras 2’, cuando en lo fundamental era diferente de su antecesora, es una prueba de ello. Además, según Cortés, algunos detractores de la Ley se han equivocado al “dar una conversación demasiado sofisticada, que de pronto no sirve para el debate“.

Para Cortés, para crear un ambiente apto para la discusión hay que aclarar estos malentendidos y definir de qué se está hablando. La clave, según dice, es aclarar sobre qué –y sobre qué no– es lo que se pretende legislar. “Necesitamos volver al debate sobre qué es la piratería, cómo está el tema de la piratería en Colombia y qué relación tiene con el uso de Internet“, anota.

Cortes dice que los músicos y los directores de cine “tienen que perderle un poco el temor a inspeccionar ese paradigma que les vende el gobierno de que esta ley es para salvarles el empleo“. Mientras tanto los internautas, añade Cortés, deberían “dejar de pensar que esta ley es la que va a volver piratas y delincuentes a los usuarios de internet“.

Otro problema es que se desconoce el tamaño de la situación que se intenta atacar. Nadie sabe a ciencia cierta cuál es el tamaño de la piratería, ni la proporción que ocupa con respecto al mercado legal. A pesar de esto, hay algunas cifras que ayudan a perfilar el fenómeno:

• Business Software Alliance (BSA), el gremio de los creadores de programas informáticos, publicó un estudio el año pasado que dice que el 53% del software es pirata, y su valor comercial equivaldría a 295 millones de dólares.
• En una entrevista reciente con El Espectador, Juan Hardoy, director legal antipiratería de Microsoft para América Latina, dijo que la red es –por encima de las ventas callejeras– el espacio más ‘pirata’ en Colombia. “A través de internet se ejecutan el 45% de las acciones que tienen que ver con la piratería“, aseguró.
• MusicMetric, un servicio que mide la popularidad en internet de los músicos y rastrea la cantidad de descargas por BitTorrent, dice que en nuestro país hay 3.041.490 personas que bajan música a través de ese servicio.  

Ninguna de esas cifras fue mencionada en alguno de los debates, a pesar de que algunas ya estaban disponibles en ese momento. Y más allá de los números, nadie sabe quiénes son los piratas colombianos. Nadie conoce nada sobre su demografía, su educación, su nivel de ingresos o sus intereses. No se sabe bien si lo hacen para robar o para obtener contenidos que no están disponibles de otra manera.

Si eso no se sabe, no se puede avanzar en una solución. Las leyes ‘Lleras’ buscan ponerle talanqueras penales a la piratería; y sus promotores nunca se detuvieron a pensar si, como dicen algunos empresarios y académicos, lo que alimenta el fenómeno son las deficiencias del mercado.

Faltan más ’rounds’

Aunque el nuevo proyecto de ley hasta ahora comienza su camino, ese no es el único tema pendiente. El asunto más fuerte, que es la responsabilidad de las ISP y el procedimiento para el bloqueo de contenidos, sigue sin discutirse tras el hundimiento de la primera ‘Ley Lleras’.

El ministro Molano nos dijo el año pasado que ese debate se haría sobre la mesa: la discusión, aseguró, la “daremos abiertamente al país […] y le explicaremos a todo el mundo cuál es el alcance del TLC en esa materia“. De hacerlo, el Gobierno tendría la oportunidad de crear una mejor ley, y de pagar un menor costo político por ella. No es gratuito que, después de más dos años de haber radicado la primera iniciativa, hoy nada de esto esté vigente en nuestra legislación.

Mientras tanto, como dice Villegas, “la sociedad civil toma conciencia de su importancia en todo este tema“. Y a pesar de que ya le pasaron por encima dos veces, esa misma sociedad civil está esperando que el Gobierno cumpla esa promesa.