El Senado aprobó recientemente dos proyectos de ley que ahora pasan a sanción presidencial, uno que crea un fondo especial para proteger y apoyar a las personas con discapacidad y a sus cuidadores, y otro que endurece la legislación contra la contaminación auditiva en el país. Estas iniciativas buscan mejorar la calidad de vida de millones de ciudadanos mientras abordan problemas críticos como la inclusión social y la contaminación sonora.
El proyecto de ley, liderado por la senadora Andrea Padilla Vargas y el representante Daniel Carvalho, apunta a reducir la contaminación auditiva que afecta a los ciudadanos. Este proyecto establece una normativa unificada y herramientas claras para combatir el ruido excesivo, que se ha convertido en un problema de salud pública y ambiental.
La ley propone armonizar las 17 normativas existentes sobre ruido, definiendo responsabilidades claras para las autoridades y estableciendo una ruta de atención al ciudadano. También contempla la creación de una Política Nacional de Calidad Acústica, que incluirá indicadores para medir la contaminación auditiva, mapas estratégicos de ruido y la delimitación de zonas saturadas acústicamente.
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El Ministerio de Ambiente tendrá 18 meses para actualizar los niveles máximos de ruido, establecidos en 2006, y proponer nuevas regulaciones. Asimismo, las alcaldías de municipios con más de 100.000 habitantes deberán diseñar planes locales de acción en un plazo de 18 meses para gestionar el ruido en sus territorios.
La ley también incluye medidas específicas para proteger a poblaciones vulnerables, como personas dentro del espectro autista, quienes son particularmente sensibles al ruido, y a la flora y fauna, especialmente aves que habitan en las zonas urbanas.
Una vez sancionada, la ley contra el ruido entrará en vigor de inmediato. Las multas por alterar la tranquilidad de un barrio se duplicará, pasando de 8 a 16 salarios mínimos diarios legales vigentes. Además, las sanciones ya no dependen exclusivamente de mediciones realizadas con sonómetros, sino que podrán basarse en otras pruebas que respalden las denuncias.
La ley está a la espera de la firma del presidente Gustavo Petro para entrar en vigencia. Se estima que el proceso de implementación de la normativa tomará entre uno y dos años, dependiendo de la complejidad de los ajustes requeridos.
Imagen: Generada por Gemini IA
