“¡Lo logramos! Aprobado nuestro proyecto de ley de eliminación del 4 × 1.000. Gracias a los ponentes y a ustedes por la linda energía”. Así celebró la congresista por el partido verde, Katherine Miranda, cuando conoció que la Cámara de Representantes había aprobado en primer debate el proyecto de Ley que lidera y que busca eliminar gradualmente el impuesto del 4 x 1.000. Ahora solo falta que el texto supere tres debates restantes para que se convierta en Ley de la República y, en 2026, deje de existir este gravamen que entró en vigencia desde 1998.
¿Pero cómo nació el 4 x 1.000?
Hace 23 años, mientras Colombia sufría las consecuencias de una contracción en la producción nacional, varias cooperativas de ahorro se liquidaban, las tasas de interés crecían y los bancos nacionales veían amenazadas sus utilidades por cuenta del incremento del número de morosos, el gobierno de Andrés Pastrana declaró la Emergencia Económica. Entonces lanzó un paquete de medidas que incluía una que, al principio, solo duraría 13 meses. Se llamó el 2 x 1.000.
El impuesto, que entraría en vigencia hasta el 31 de diciembre de 1999, contemplaba que a cualquiera de las 7 millones de personas que en ese momento contaban con una tarjeta débito o crédito, se les cobrara un impuesto de 2 pesos por cada 100 que movieran financieramente. Esto quiere decir que si alguien retiraba de un cajero $100.000 pesos, el banco automáticamente se quedaba con $200. Ese valor entraba directamente a las arcas del Estado, que entonces esperaba recaudar alrededor de $2 billones para apoyar al sector financiero.
El también llamado Gravamen de Movimientos Financieros, se extendió un año más pues el gobierno requirió recursos para atender un terremoto en el Eje Cafetero, en plena crisis financiera. Entonces llegó el año 2.000 cuando el impuesto se hizo permanente, y su monto comenzó a aumentar progresivamente al 3 x 1.000 y, luego, al 4 x 1.000.
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¿Qué contempla el nuevo proyecto de Ley?
El proyecto de Ley presentado por la congresista, plantea que se disminuya el valor del gravamen de forma gradual, de manera que, para el año 2023, los usuarios que realicen transacciones desde sus cuentas bancarias o con sus tarjetas de crédito, paguen únicamente un impuesto del 3 x 1.000. Este monto bajaría a 2 x 1.000 en 2024; a 1 x 1.000 en 2025, y en el 2026 dejaría de existir.
De hacerse realidad, para recuperar los $9 billones que el Estado dejaría de percibir por cuenta de esta medida, el proyecto contempla dos opciones: la primera es la eliminación de beneficios tributarios a las mega inversiones en el país; y la segunda, gravar los salarios de aquellos ciudadanos que reciban más de $25 millones al mes.
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