Twitter ha sido una herramienta útil para los activistas y los defensores de la libertad de expresión en todo el mundo. Y con esta decisión, acaba de reiterar ese papel: la red social se negó a entregarle a un juez información de un usuario llamado Malcom Harris, acusado de desórdenes en las protestas de los indignados en Nueva York el año pasado.
Harris ya había radicado ante la corte una petición para anular una citación del fiscal de distrito de Manhattan, en Nueva York, en la que el funcionario judicial pedía la información de su cuenta de Twitter, @destructuremal, y los tweets que publicó entre el 15 de septiembre y el 31 de diciembre. Sin embargo, el juez rechazó la petición del acusado diciendo que Harris no tenía poder para pedir la anulación, pues sus tweets pertenecen a Twitter, y no a él. El juez decretó que “los términos de servicio de Twitter le dan a la compañía una licencia mundial sobre cualquier cosa que Harris suba al servicio”, según reportó The Verge.
Por eso, el fiscal le solicitó a Twitter que le facilitara esa información, pero la empresa se negó a hacerlo por varias razones. En primer lugar, porque en sus términos de servicio también está contemplado que los usuarios retienen los derechos sobre los contenidos que publiquen, lo que convierte a Harris en el dueño de sus tweets y acaba con el argumento con el que el juez rechazó la petición de Harris de no entregar información.
Twitter también argumentó, según The New York Times, que “la petición no cumple con las leyes federales que rigen las peticiones de información”, que “no cumple con los requisitos de procedimiento requeridos”. Además, afiirmó que “era demasiado amplia, fue emitida para un propósito inadecuado y constituyó un abuso”.
Los activistas a favor de la libertad de expresión celebraron la posición de Twitter. Según la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos, la decisión de Twitter es valiosa en un momento en el que las autoridades “están siendo cada vez más agresivas en sus intentos para obtener información de lo que la gente hace en Internet“. Para la asociación, “si los usuarios de Internet no pueden proteger sus propios derechos constitucionales, su única esperanza es que las compañías de Internet lo hagan”.
The Verge, por su parte, ofrece una explicación más terrenal: “la compañía no puede permitirse estar en la mitad entre cada acusado que usa Twitter y las autoridades que quieran mirar en sus cuentas”, dice. Si esta postura es exitosa, la compañía se liberaría de tener que responder por muchos de los asuntos legales en los que haya tweets involucrados, pues la responsabilidad recaería directamente en los usuarios. De todos modos, hay que esperar a ver si la Corte valida o no la posición de Twitter.
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