Latinoamérica sigue con una deuda pendiente frente a la implementación de la tecnología 5G. Apenas en abril de 2019 se tuvo en la región la primera red comercial; esto fue en Uruguay, donde Antel, la empresa de telecomunicaciones pública de Uruguay, finalizó con éxito su instalación a comienzos de este año.
Ahora, la pregunta que está en el aire es cuándo llegará a los demás países. Cada nación tiene sus propias reglas y los operadores en ellas van cada uno a su ritmo con la implementación de estas redes que ofrecen mayor velocidad de conexión a la Red.
La inquietud sobre el futuro en América Latina de esta tecnología está planteada en la investigación realizada por la consultora inglesa Webb Search y patrocinada por Ericsson. En ella se analizan los factores que detienen el rápido despliegue de la red móvil 5G alrededor del mundo y, en particular, en Latinoamérica.
De acuerdo con el informe, en la región la estructura federal de países más grandes como Brasil, México o Argentina ha creado un obstáculo sustancial. Se trata del alto nivel de autonomía de las autoridades locales y regionales que ha resultado “en una plétora de normativas divergentes relacionadas con el despliegue de infraestructura y el uso de terreno dentro de las diversas jurisdicciones”. Según el estudio, esto crea barreras para la entrada de quienes necesitan emprender labores de construcción, requieren permisos de uso de terrenos o de derechos de paso para el despliegue de red.
El análisis de Webb Search se discrimina en 4 obstáculos principales: administrativo, medio ambiente, salud y tecnología. A partir de allí se ofrecen las dificultades específicas de cada área que dificultan hoy el despliegue de infraestructura para 5G en América Latina.
Administrativo
– Excesivas solicitudes de información por parte de diversos organismos
– Falta de uniformidad de las normativas
– Falta de cualquier normativa o conocimiento de las buenas prácticas
– Falta de procesos definidos, tiempos, extensión de cronogramas
– Numerosas consultas públicas
– Informalidad y falta de continuidad de las decisiones locales, corrupción
– Cuotas desproporcionadas
– Falta de certeza y predictibilidad, y procesos judiciales debidos
Medio ambiente
– Distancia mínima entre antenas
– Zonas de exclusión mínimas
– Restricciones de uso de terrenos
– Establecimiento de zonas especiales
– Medidas excesivas de camuflaje
– Aprobación de las autoridades del aire
– Prohibición de la conservación del uso y lugares culturales
– Prohibición de uso en áreas rurales destinada a preservar la naturaleza
Salud
– Falta de cualquier normativa de exposición a radiación no ionizante
– Falta de cualquier política de comunicación sobre las normativas y recomendaciones internacionales actuales
– Definición de límites alejada de las normas nacionales
– Definición de diferentes normas por zona
– Múltiples solicitudes de estudios de impacto para diversos organismos locales
– Alta frecuencia de informes
– Múltiples instancias aprobatorias: normativas federales y locales, a menudo contradictorias entre sí
Tecnología
– Prohibición del uso compartido
– Uso compartido obligatorio
– Falta de diferenciación entre macroceldas y celdas pequeñas
– Definición de diferentes tasas e impuestos por tecnología.
– Cobro duplicado de cuotas de licencia de emplazamientos compartidos
– Espectro ligado a tecnología específica, en vez de servicio móvil
¿Cómo está Colombia en implementación de 5G?
El estudio de Webb Search destaca en un apartado el estado actual del caso colombiano. En nuestro país, gran parte de los 1122 municipios de Colombia han fijado sus propias normativas.
En algunos casos, dice el informe, la normativa para el despliegue de infraestructura es tan estricta que los operadores de redes móviles se han visto imposibilitados para implementar más emplazamientos, lo que ha generado una falta de uniformidad en la cobertura y calidad del servicio en diferentes municipios.
Como resultado, el gobierno nacional ha adoptado varios pasos a fin de estandarizar la normativa para obtener permisos. Sin embargo, aclara Webb Search, el progreso ha sido más lento de lo esperado. Esto teniendo en cuenta que solo un número limitado de municipios ha adoptado las recomendaciones. Dicha falta de cumplimiento indica que el problema no es únicamente la falta de capacidad técnica a nivel local, sino que los municipios prefieren la autonomía.
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