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Cuando hablamos de recursos para ciencia, tecnología e innovación, tres problemáticas se nos imponen: la ausencia de proyectos (sobretodo en las regiones), las malas inversiones y la presión de algunos sectores del gobierno interesados en que dichos recursos sean utilizados en el desarrollo de proyectos de infraestructura vial, el financiamiento de los compromisos derivados del acuerdo de paz, o incluso la habilitación de contratos previos a las elecciones del 2018.
De esta forma, la preocupación ahora al parecer no es la falta de dinero (lo que siempre pensábamos) sino a dónde van a parar los dineros destinados a la ciencia, la tecnología y la innovación en Colombia; una situación que va en contraposición de los esfuerzos que adelantan entidades como el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), Colciencias, el sector privado o hasta las mismas encubadoras de empresas de base tecnológica, que se esmeran por promover el emprendimiento, el desarrollo de tecnologías y competencias tecnológicas, la investigación y el trabajo colaborativo, entre otras actividades académicas para las cuales reservan un capital, y que nos llevan a pensar que mientras unos quieren una cosa, existen algunos que optan por otra.
Y es que esto no es una alarma más relacionada con el estado de la investigación en Colombia o el desenlace de los pocos proyectos de investigación que se realizan en nuestro país. Precisamente hoy la Contraloría General de la Nación denunció la desviación de recursos destinados a ciencia, tecnología e innovación. En el auditorio principal de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, el contralor general Edgardo Maya Villazón presentó los resultados de la evaluación que hizo esta entidad al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, y la cual permitió detectar varias irregularidades.
El contralor señaló que “los proyectos de carácter regional brillan por su ausencia”, y reveló que de 277 proyectos entre 2012 y 2015, que costaban 2,2 billones de pesos, 2,1 billones fueron ejecutados por las gobernaciones. El resto lo ejecutaron las universidades o Colciencias. En conclusión, para la Contraloría, los recursos no se han invertido como debe ser.
Otras evidencias alarmantes muestran que en departamentos como el Vichada, la Gobernación invirtió 32 mil millones de pesos en un proyecto de energía renovable, para el cual se contrató un consorcio de dos empresas de construcción. Al finalizar el tiempo previsto para esta obra, no se realizó un centro de investigación sino un simple edificio. En otras regiones, la contraloría encontró recursos que debían ir a empresas de emprendimiento con componentes de innovación y tecnología, y que terminaron en un asadero de pollos y un spa. “Una buena parte de los proyectos de ciencia y tecnología son ejecutados por contratistas poco idóneos y no responden a las necesidades puntuales de las regiones”, señaló el informe.
Al finalizar su intervención, Maya habló de la lentitud con la que avanza la propuesta del gobierno de trasladar los saldos disponibles del Fondo de Ciencia y Tecnología, por valor de 1,5 billones de pesos, a la financiación de vías terciarias para la implementación del acuerdo de paz. “En el marco de los problemas no sólo de eficiencia, sino de diseño institucional que están poniendo en riesgo la calidad del gasto del Fondo de Ciencia y Tecnología, cabe hacerse la pregunta de si por una única vez esos saldos disponibles tendrán un mejor uso, con prioridad en la construcción de la paz, sin que estén a disposición de actores o de intereses que afectan las arcas del Tesoro”.
Además, frente a los resultados del balance expuesto por su entidad sobre el manejo de las regalías para la inversión en ciencia, tecnología e innovación, Maya Villazón añadió que es de carácter urgente imponer medidas correctivas o establecer un nuevo arreglo constitucional sobre el funcionamiento y la destinación de los recursos.
En medios como El Espectador se reportó que, sumados a los saldos sin ejecutar, entidades o instituciones no reconocidas por Colciencias están controlando recursos millonarios para llevar a cabo proyectos que nada tienen que ver con ciencia, tecnología o innovación: “la auditoría de desempeño a 33 proyectos por valor de 380 mil millones de pesos muestra que en cinco de ellos, que suman 76 mil millones de pesos, no es clara su pertinencia como proyectos de ciencia y tecnología o su alcance fue modificado de manera sustancial, a lo largo de su ejecución”, comentó Maya Villazón.
¿Qué opinan los científicos?
Hay quienes aseguran que si de algo sufre nuestro gobierno y nuestra legislación es de desconocer profundamente las necesidades de las personas, excluyéndolas de las tomas de decisiones que afectan su bienestar.
Tal es así que recientemente el periódico El Tiempo publicó un artículo en el cual Enrique Forero, presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, habló sobre la gran preocupación que le genera a la comunidad científica del país el desfinanciamiento que sufriría la ciencia; ya que tal y como lo había dicho el presidente Santos el 28 de enero, los gobernadores destinan el dinero de las regalías que no se ha ejecutado en proyectos de ciencia, tecnología e innovación, al desarrollo de vías terciarias. A esto hay que sumarle, según Forero, que el presupuesto de Colciencias ha disminuido de 427 mil millones de pesos en 2013 a 276 mil millones en el 2016, y que “del total de ese dinero, el 70% está comprometido en becas doctorales y de maestrías. Les aseguro que la ciencia está sufriendo mucho por esta desfinanciación”.
Como solución a lo anterior, la comunidad científica solicita no usar los recursos de la ciencia, la tecnología y la innovación para estos fines, y “que se cambie la forma en la que se presentan los proyectos y en la que se decide cuáles proyectos son financiados. La academia debe participar, no pueden ser solo los gobernadores y sus asesores quienes decidan. Colciencias, como el ente rector de la ciencia y la tecnología en el país, debería ser el que decida qué proyectos van y cuáles no. También necesitamos que se revise la burocracia y que sean los científicos quienes ayuden a definir los proyectos pensando en un contexto nacional y no en uno departamental, que es lo que está pasando“, expresó Forero.
Por lo menos en la necesidad de que haya un debate más abierto sobre la distribución y el manejo de este dinero público coincide la Contraloría y Colciencias. Habrá que ver si esta discusión efectivamente se da, y valdría la pena que toda la ciudadanía esté más pendiente de este tema, debido a que no solo afecta los recursos públicos sino también los niveles de educación e investigación en nuestro país.
Imagen: Pexels.
Según una noticia ayer, a un asadero de pollos, y un SPA, por solo poner un ejemplo.