Las principales plataformas de transporte y Alianza In demandaron a la Superintendencia de Transporte (Supertransporte) por persecución del Gobierno y afirman que en un país donde el desempleo está entre el 15 % y el 20 % no es justo que se limiten las opciones legales con excusas de una ley que no fue creada para la economía digital.
Alrededor de 200.000 conductores usan plataformas como Didi, Uber y Beats en Colombia y, de acuerdo con datos de Alianza In, el gremio de plataformas digitales, estos servicios representan los ingresos de 750.000 colombianos; sin embargo, la Circular 015 de 2020 contra este tipo de plataformas impone multas de hasta 700 SMDLV. Por este motivo, las plataformas de transporte y Alianza In se unieron para demandar a la Supertransporte y el abogado representante asegura que hay persecución del gobierno.
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La demanda busca que la Rama Judicial dirima a favor del conglomerado y cancelé la circular redactada por la Supertransporte. Uno de los principales argumentos de las plataformas de transporte es que no prestan un servicio público, “se trata de un servicio entre particulares, alguien que tiene un caro y alguien que necesita movilizarse”, explica en un comunicado Pablo Felipe Robledo, abogado, exsuperintendente de Industria y Comercio y actual representante legal de la demanda.
Además, agregó que:
“La Circular No. 015 de 2020 hace parte de una serie de actuaciones del Gobierno Nacional, que junto con diferentes decisiones sancionatorias que se han impuesto contra las plataformas tecnológicas de movilidad, buscan proteger el interés particular del gremio de taxistas, desconociendo el derecho de los usuarios pasajeros a elegir libremente cómo movilizarse, el derecho al trabajo de los conductores, la libre competencia, la innovación tecnológica y la inversión nacional y extranjera”.
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El abogado resaltó en una entrevista con El Espectador que muchos de los argumentos que usa el Gobierno en contra de las plataformas están basadas en una serie de normativas y leyes creadas antes del Internet y la economía naranja. Por lo que los argumentos no pueden ser “es que la Constitución dice que…”. En su lugar debería existir una mesa de negociación donde se queden afuera los intereses de los taxistas y de las empresas públicas y, en su lugar, se vean los beneficios que ofrecen este tipo de plataformas y negocios a los usuarios y a la economía.
En un Gobierno que prometió dar importancia a la economía naranja y comprender las dinámicas de la transformación digital de la sociedad, está claro que la tarea de entender el papel de las plataformas le quedó grande.
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