La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso una multa millonaria de $2.645 millones a Claro, debido a varias infracciones que vulneraron los derechos de los usuarios. La sanción surgió tras una investigación iniciada por tres denuncias presentadas por usuarios, quienes señalaron irregularidades en los servicios de la empresa de telecomunicaciones.
Entre las principales infracciones identificadas por la SIC, se destacan la vulneración del derecho de información, el incumplimiento de promociones ofrecidas, cobros por servicios no autorizados, la falta de continuidad y calidad en los servicios, así como la facturación de más de un período en una sola factura. Además, se detectaron problemas con el servicio pospago de Netflix, como la falta de información clara sobre sus características y condiciones, la activación del servicio sin la autorización del titular y la facturación por valores superiores a los pactados durante el proceso de fidelización.
La investigación evidenció que Claro no cumplió con diversas normativas legales y regulatorias, afectando a usuarios que confiaron en sus servicios. La empresa justificó algunas de sus acciones, como la desactivación de líneas móviles, argumentando que se trataba de medidas para prevenir fraudes, aunque la SIC consideró que tales prácticas violaban los derechos de los consumidores.
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Esta multa refuerza el compromiso de la SIC por proteger los derechos de los usuarios y garantizar que los servicios de telecomunicaciones se brinden con transparencia y calidad. Claro tiene la opción de interponer un recurso de reposición ante la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones y otro de apelación ante la Superintendencia Delegada para la Protección del Consumidor.
Este no es el primer problema que enfrenta Claro con la SIC. En 2023, la empresa fue sancionada con una multa de $730.800.000 por publicidad engañosa relacionada con una promoción de tarjeta SIM prepago. Claro defendió su actuación, asegurando que toda la información estaba claramente disponible en los términos y condiciones de los servicios ofrecidos.
Además, la SIC ha abierto investigaciones similares contra Claro y otras operadoras, como Movistar, por presuntas prácticas irregulares en el proceso de portabilidad numérica, como el uso de productos como el “Bono de fidelización” y “Datos plus”, que habrían dificultado a los usuarios el cambio de proveedor. Estas acciones subrayan el compromiso de las autoridades por asegurar que las empresas de telecomunicaciones cumplan con la normativa vigente y garanticen un mercado competitivo y justo.
Imagen: archivo ENTER
