El 90% de los iPhones se ensamblan en China, esta sola cifra ayuda a entender por qué el gobierno de Donald Trump decidió eximir a los celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos de sus nuevos aranceles a las importaciones chinas. En medio de una política comercial agresiva, la Casa Blanca introdujo una excepción que desvela las tensiones entre su estrategia industrial y el impacto económico sobre consumidores y gigantes tecnológicos.
Desde el anuncio, compañías como Apple y Nvidia se beneficiaron con un alivio inmediato en los mercados financieros. La firma Wedbush calificó la decisión como “la mejor noticia posible” para los inversionistas, ya que las represalias comerciales habían generado inestabilidad bursátil y preocupación por el alza de precios al consumidor.
La exención incluye productos clave para el consumidor estadounidense como teléfonos, monitores, semiconductores y microchips. Estos últimos son críticos para el funcionamiento de prácticamente toda la economía digital.
Esta decisión, refleja una conciencia práctica sobre las limitaciones actuales de la industria local para sustituir proveedores asiáticos.
Según estimaciones, Apple ensambla cerca del 90% de sus dispositivos en China. La falta de exención habría implicado incrementos de hasta el 20% o más en el precio final para los consumidores.
Firmas como Counterpoint Research proyectaban alzas significativas una vez agotado el inventario existente en EE.UU., lo que habría afectado directamente el consumo.
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No obstante, la Casa Blanca reiteró que estas exenciones no cambian la dirección general de su estrategia industrial. El objetivo sigue siendo el mismo: reducir la dependencia de China y trasladar la producción de tecnologías estratégicas al territorio estadounidense, aun si eso implica mayores costos en el corto plazo.
Para Trump, el fomento del empleo manufacturero y el fortalecimiento de la seguridad nacional justifican la política arancelaria. La administración ha incentivado inversiones locales de gigantes como Apple y Nvidia, apoyándose en subsidios, como los que proporciona la Ley CHIPS y Ciencia, aunque el presidente ha criticado el uso de fondos públicos para empresas extranjeras como TSMC.
Expertos señalan que el enfoque actual mezcla proteccionismo industrial con pragmatismo político. Al excluir productos de consumo masivo, el gobierno evita una caída abrupta en la confianza del consumidor, que ya ha mostrado signos de debilitamiento. A su vez, mantiene el mensaje de firmeza frente a China en áreas consideradas estratégicas.
Las repercusiones económicas siguen abiertas, por ejemplo, para algunos sectores, como el automotriz o el farmacéutico, continúan sujetos a aranceles plenos, lo que podría disparar costos de producción. A la vez, empresas como Nintendo ya han pospuesto lanzamientos en EE.UU. ante la incertidumbre regulatoria.
También se anticipa un estudio bajo la Sección 232 sobre la relación entre importaciones de chips y seguridad nacional. Esta acción podría derivar en nuevas restricciones o subsidios adicionales, profundizando el conflicto comercial y ampliando la brecha entre la política comercial y la lógica del mercado global.
Mientras tanto, las exenciones han generado alivio temporal, pero no resuelven el dilema de fondo. El traslado de cadenas de producción no puede hacerse de la noche a la mañana. Y si bien los aranceles buscan proteger empleos, también imponen riesgos inflacionarios y operativos en sectores altamente integrados con Asia.
Imagen: Generada con IA
