Los nuevos servicios que se están prestando mediante aplicaciones digitales, y que no se han reglamentado, exigen que quienes lo vayan a hacer tengan un profundo conocimiento de cómo funcionan, para que no se presenten problemas en las normas que se establezcan para controlarlas.
Hablemos de Uber, que nos permite ilustrar lo que estoy hablando. La mayoría de las personas creen que Uber es un servicio público, como actualmente son los taxis amarillos. No lo es. Es una aplicación que sirve de intermediario entre el propietario de un carro y la persona que necesita de su servicio. De hecho, los autos que están matriculados en Uber le pagan por permitirles prestar el servicio, lo que deja claro que esta aplicación no tiene como empleados a los conductores y no es propietaria de los automóviles. O sea, los conductores son clientes privados de Uber, que además trabajan con otras aplicaciones, como también son los que se transportan en ellos usando la aplicación.
En mi opinión, este servicio ya es legal, aunque los taxistas y las compañías que los unen no lo quieran dejar ver así. Vale le pena informar que de julio a diciembre del año pasado, Uber pagó 34.000 millones de pesos solo en IVA. ¿A dónde está yendo este dinero, una cantidad muy importante que puede ser usada para mejorar el tráfico en muchas ciudades?
Otros casos de aplicaciones que no son servicios públicos
Así se tienen que mirar muchas aplicaciones. Por ejemplo, mercadolibre.com no es un servicio público, pues lo que hace es facilitar negocios entre personas que quieren comprar y las que quieren vender, para intermediar y permitir que hagan el negocio cuando el comprador encuentra lo que quiere.
Airbnb –aplicación usada para conseguir dónde alojarse– tampoco es un servicio público. El usuario que tiene un alojamiento, no lo está usando y lo quiere alquilar lo inscribe en Airbnb para que una persona que vaya a viajar y necesite dónde quedarse lo pueda rentar.
En términos generales, hay que tener en cuenta que estas aplicaciones lo que hacen es intermediar entre el que ofrece un servicio privado, como un carro, y alguien, una persona privada, que lo quiera utilizar. Esto es muy importante para tener en cuenta cuando se vaya a regular cualquiera de estos servicios prestados por aplicaciones digitales. Decir que estas ‘apps’ son un servicio público sería como sostener que Amazon también lo es.
Publicado con autorización de El Tiempo.
Imágenes: Jirapong Manustrong y Oatawa (vía iStock).
