Precisamente, la empresa celular Comcel rechazó esta semana ante la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT) tal proyecto de la entidad. Para ello, radicó un documento compuesto de 248 folios en los que presenta sus argumentos para evitar ser catalogada como operador dominante en el proyecto regulatorio de mercados relevantes, que ha sido publicado para discusión y análisis entre los protagonistas del sector.
De ser catalogada con dicha figura jurídica, las tarifas de Comcel pasarán a ser reguladas por una normatividad especial.
Para el operador mexicano, “la propuesta de la CRT tendría efectos negativos profundos y permanentes en el funcionamiento de la competencia en móviles”.
Así mismo, Comcel desvirtúa los estudios realizados por la entidad para establecer el estado de la competencia del mercado de telefonía móvil y asegura que “el respaldo que utiliza la CRT en su análisis de competencia y en sus remedios regulatorios propuestos descansan en un solo indicador: que Comcel sería un competidor de tamaño “muy grande” en opinión de la CRT, medido en términos de cuota de mercado”.
Cristhian Lizcano, director de la CRT, señaló ayer que la entidad ya inició el estudio de los comentarios realizados al proyecto regulatorio no solo por Comcel, sino por otras 14 empresas y agremiaciones del sector, y espera contar con una normatividad sobre mercados relevantes de telecomunicaciones antes de que termine el presente mes.
La posición de Comcel contrasta con la de otros operadores como Movistar y Avantel que respaldan la iniciativa por considerar que va a beneficiar la competencia en el mercado y, a su vez, a los clientes.
Incluso, Avantel considera que “los remedios regulatorios propuestos no hacen justicia a la magnitud de los problemas de competencia evidenciados en el mercado de voz móvil”.
La empresa de trunking se refiere, por ejemplo, al monitoreo de las tarifas para las llamadas de Comcel a otros operadores que se pondría en marcha tan pronto quede en firme la resolución de la CRT.
Esta práctica regulatoria de operadores dominantes, adelantada por una entidad del Estado, es común en otros países y se aplica para mantener un rango de precios estable y acorde con la realidad del mercado y de la situación socioeconómica de la población.
Incluso, en otras naciones, a los operadores dominantes se les obliga a ‘alquilar’ sus redes e infraestructura para que otras empresas del sector puedan revender servicios de telecomunicaciones (llamadas, TV paga, etc.), entre otros ejemplos.
Redacción Tecnología
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