Saulo Arboleda Gómez*
Especial para EL TIEMPO
La ley 335 de 1996 acabó con el monopolio de la TV pública e hizo realidad la televisión privada. Para proteger y subsidiar la TV pública y porque las proyecciones del mercado publicitario lo permitían, se aprobaron en 1997 dos canales privados nacionales, RCN y Caracol, que desembolsaron cada uno 95 millones de dólares como ‘peaje’; es decir, solo por la licencia para funcionar por un período de 10 años, excluyendo los costos de instalación de infraestructura y de operación.
Por igual concepto, Citytv, el canal de Bogotá, desembolsó 14,5 millones de dólares. Estos montos se rebajaron más tarde en casi 20 por ciento, pues las expectativas económicas se sobreestimaron.
Vencido este período, el costo de la prórroga a Caracol y RCN por otros 10 años, fijado por las bancas de inversión en 82,5 millones de dólares más el 7,32 por ciento de los ingresos brutos anuales, resulta exagerado, pues supera en mucho el pagado por entrar. Además, el mercado publicitario está descremado y es inelástico.
Por otra parte, Colombia está ya en desaceleración económica, con indicadores muy inferiores -el PIB crecerá apenas 2 por ciento en el 2009- respecto a los presupuestados por las bancas de inversión, y a los vigentes en 1997.
También se aprobará al menos un nuevo canal privado, lo que agudizará aún más la fuerte competencia hasta hoy vista entre los dos canales actuales, sin tener en cuenta a los públicos, que siguen operando.
Recuérdese, por ejemplo, que la prórroga por 10 años a los operadores de telefonía celular costó 135 millones de dólares, 11 por ciento de los 1.240 millones de dólares que pagaron al inicio de la concesión, también por igual período.
Y esos 135 millones resultaron un excelente negocio para el Estado, comparados con los 55 millones de dólares que desembolsó por su licencia el nuevo tercer operador, Colombia Móvil.
Respecto al precio del ‘peaje’ para el o los nuevos canales privados, debe conocerse su cifra, y esta debe ser inferior a la que finalmente se fije para la prórroga a Caracol y RCN, pues este caso es, desde el punto de vista comercial, similar al que decidió las prórrogas en el sector de la telefonía celular.
Y aquí de bulto surge una contradicción de la banca de inversión: si recomienda solo un nuevo canal privado porque la torta publicitaria no alcanza para cuatro, ¿por qué fija una cifra tan alta para las prórrogas?
Ahora bien, la TV, medio de comunicación masiva por excelencia, la origina el espectro radioeléctrico a cuyo acceso en condiciones de igualdad tienen derecho constitucional todos los Colombianos. El espectro además es un bien inenajenable e imprescriptible al servicio del Estado, que en el caso de medios de comunicación obliga a su prestatario a ser responsable socialmente.
Por ello, no cabría aquí -a diferencia de la telefonía celular o de una obra civil- recurrir a la subasta como factor de selección entre varios proponentes para un nuevo canal privado de TV.
La subasta discrimina y puede llevar a que, al adjudicar al que más dinero dé, no se cumpla la orden constitucional de responsabilidad social.
Por ello, una vez garantizado el estricto cumplimiento de exigencias técnicas, cubrimiento territorial, responsabilidad social y pago de una cifra objetiva, si resultaren más proponentes habilitados que licencias a conceder, el Gobierno tiene la facultad legal de escoger a quien considere la mejor opción para los intereses estatales.
Así se actuó al adjudicar los canales RCN y Caracol con resultados muy satisfactorios para el Estado y el televidente. Aunque si se trata de blindar de transparencia este proceso licitatorio, ¿qué mejor que la balota para dirimir los empates entre quienes acrediten todas estas condiciones?
* Saulo Arboleda fue ministro de Comunicaciones de Colombia.
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