Por Álvaro Sandoval
No han pasado dos semanas desde que la Comisión Nacional de Televisión (CNTV) tomó una decisión compleja acerca del estándar de TV digital que adoptará el país en los próximos años y la entidad ya se enfrenta a un nuevo ‘tire y afloje’ de marca mayor, por cuenta de la prórroga de las concesiones de los canales privados RCN y Caracol.
Como se sabe, las concesiones iniciales de estos canales están por vencerse (en febrero del 2009) y la CNTV ya dio los primeros pasos con el objeto de otorgar la prolongación de las mismas por diez años más.
Precisamente, esta semana se espera que la comisión haga oficial los resultados de una evaluación contractual realizada a ambos canales en aspectos jurídicos, financieros, técnicos y de contenido, entre otros. Hay que recordar que este diario anticipó hace algunos días que los funcionarios de la CNTV no encontraron objeciones en este aspecto.
Pero este visto bueno inicial es solo el comienzo de una discusión mucho más álgida sobre las condiciones en que la entidad le va a adjudicar a los canales privados el permiso para operar los siguientes 10 años.
Al respecto, la ministra de Comunicaciones, María del Rosario Guerra, señaló que los canales RCN y Caracol tienen en sus manos la minuta que define los lineamientos preliminares que la CNTV seguirá a la hora de tomar una decisión sobre las mencionadas prórrogas.
Este documento se refiere a diversas condiciones que deberán acoger los canales privados, pero, sin duda, hay tres aspectos que prometen una gran discusión: la valoración de la prórroga, la eliminación de la cláusula compromisoria y la desregulación del contrato de concesión.
Justamente, en el tema de la valoración, la CNTV recibió en los últimos días una carta de los canales privados estableciendo su posición sobre este tema.
En su misiva, RCN y Caracol señalaron que el monto de la prórroga no debe tomar en cuenta la financiación de la TV publica, advirtieron sobre la necesidad de estudios de valoración adicionales al realizado por la firma Equity el año pasado y rechazaron la posibilidad de que el tercer canal pague menos de los 95 millones de dólares que ellos desembolsaron en su momento.
Así mismo, expresaron su desacuerdo con el documento Conpes -promovido por el Ministerio de Comunicaciones- que permite a los canales públicos comercializar su parrilla de programación y la decisión de la TV por suscripción de vender pauta publicitaria en el país.
Consultados sobre el tema, varios observadores del proceso recordaron que muchas de las peticiones de los canales privados son imposibles de conceder, por ejemplo, que a la hora de definir el monto de la prórroga no se considere la financiación de la TV publica, pues esta es una obligación que la CNTV tiene por ley.
Además, recordaron que la comisión contrató dos bancas de inversión para establecer la valoración de la prórroga y de la concesión del tercer canal; y señalaron que RCN y Caracol no pueden pretender que se cobre al tercer canal el mismo monto que a ellos en 1998, pues los canales privados ya amortizaron su red y el nuevo canal empezará de ceros en un mercado con dos competidores consolidados.
No más arbitramentos
Aunque la valoración de la prórroga es un tema clave, fuentes del Gobierno señalaron a este diario que la posibilidad de que sea eliminada la cláusula compromisoria de las concesiones actuales es el aspecto que más genera malestar entre los canales privados.
Esta cláusula establece que las diferencias entre el concesionario y la CNTV deben ser resueltas por un tribunal de arbitramento y no por la justicia ordinaria. Como se recuerda, la comisión perdió en los últimos 10 años dos de los tres arbitramentos promovidos por los concesionarios y obligó al reembolso de más de 50.000 millones de pesos.
Según se conoció, en este punto la CNTV no va a ser flexible, incluso la junta directiva del organismo ya realizó una votación sobre el tema y cuenta con el respaldo del Ministerio de Comunicaciones y del propio presidente Álvaro Uribe.
Así las cosas, los concesionarios deberán acudir a los tribunales administrativos y al Consejo de Estado para establecer sus pleitos con la CNTV, una medida que extenderá los procesos por varios años, algo que contrastará con la llamada ‘justicia rápida’ de los arbitramentos que resuelve las controversias en un año o menos, y sin segunda instancia.
Se prevé que la discusión de este y otros aspectos de la prórroga se iniciará en una o dos semanas, cuando se abran las mesas de conversación entre la CNTV y los canales privados. Por supuesto, antes de que esto suceda, ambos canales deberán ser aceptados en el Registro Único de Operadores privados de televisión abierta (RUO).
Sobre el tema, los canales privados no realizaron ayer comentarios.
Regulación, por fuera del contrato
Otro punto donde se espera un fuerte debate entre la CNTV y los canales privados es lo que al interior de esta entidad llaman la ‘desregulación’ del contrato de concesión.
El objetivo de la CNTV es retirar del texto de la concesión todo el material relacionado, por ejemplo, con la regulación de contenidos o de franjas horarias, para establecer estas reglas en una norma independiente y, seguramente, más exigente para los concesionarios.
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