La propuesta que faculta al Ministerio de Educación a diseñar los lineamientos nacionales para regular el uso de celulares dentro de las instituciones educativas en los niveles de preescolar, básica primaria y secundaria del país, está a una firma de convertirse ley. El texto, que se presentó por primera vez en 2018, fue aprobado el pasado 23 de noviembre en Plenaria de la Cámara y de acuerdo a su autor, el representante del partido liberal, Rodrigo Rojas, con este se buscará que el Estado “garantice entornos seguros de aprendizaje para los niños, niñas y adolescentes”.
Según las cifras que entregó el congresista a una entrevista que concedió a Blu Radio, “en Colombia 5 de cada 10 niños tienen un teléfono celular al menos 12 horas al día”. Para Rojas, ese panorama no solo puede afectar su salud mental y emocional, sino que puede “ponerlos en riesgo de acoso sexual virtual”. Y si bien los riesgos del uso indebido de los dispositivos con Internet por parte de los menores de edad son reales, es inevitable preguntar: ¿De quién es la tarea de regular esa interacción? ¿Debe ser el Estado?
El proyecto, que de ser aprobado deberá entrar en vigencia durante los seis primeros meses del 2021, cuando el Ministerio de Educación entregue las pautas para que las diferentes secretarías departamentales las adapte a sus contextos, generó todo tipo de discusiones. Por un lado, están quienes sostienen que limitar el acceso a la tecnología en plena era digital es un retroceso; por el otro, quienes consideran que el proyecto tendrá un impacto positivo; y por otro, quienes aseguran que reestructurar la calidad educativa depende más de los maestros que de un celular.
¡HA SIDO APROBADA NUESTRA TERCERA LEY DE LA REPÚBLICA! #EntornosSegurosDeAprendizaje PASA A SANCIÓN PRESIDENCIAL 👧🏽👦🏻📱
👇🏽🧵 pic.twitter.com/VZOoKTlkZZ— Rodrigo Rojas (@RodrigoRojas) November 24, 2021
Uno de los tantos argumentos que se han formado en torno del proyecto titulado “Entornos seguros de aprendizaje”, recuerda al que dio Adam Mosseri, el director de Instagram, cuando confirmó la semana pasada que declarará en el Congreso de Estados Unidos en medio de las investigaciones sobre las prácticas nocivas de esa red social.
En un video publicado en sus cuentas oficiales, Mosseri sostuvo que, aunque en la plataforma son conscientes de que deben establecer herramientas que mitiguen las consecuencias psicológicas provocadas por la aplicación, la tarea de proteger a los usuarios más jóvenes, debe ser conjunta: las empresas deben ser más cuidadosas y los padres, además de hablar abiertamente sobre los riesgos que existen en línea, son, para el ejecutivo, quienes deben controlar la interacción entre sus hijos e Internet.
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De volverse realidad el proyecto, Colombia no sería el único país en el cual el Estado regule el uso de celulares dentro de las instituciones educativas. Francia, por ejemplo, adoptó una ley similar desde julio de 2018 cuando prohibió a los estudiantes entre tres y 15 años de edad los teléfonos inteligentes y otros tipos de dispositivos conectados a Internet. Sin embargo, la ley se flexibiliza con los alumnos mayores, pues en para ellos, las escuelas secundarias pueden elegir si adoptan o no la prohibición de los teléfonos.
En Colombia, donde, según cifras del Ministerio TIC, el 76 % de los jóvenes entre los 12 y los 17 años tiene su propio celular, la iniciativa está pensada para restringir el uso de estos dispositivos hasta noveno grado y serían las mismas instituciones las que deberán establecer la regulación dentro de sus manuales de convivencia.
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